El fiscal Cristián Aguilar, quien indaga los ilícitos en torno a los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta alzar el secreto bancario de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras.
El persecutor pidió a través de un oficio reservado en agosto pasado alzar el secreto bancario de la parlamentaria; Andrade, que era el representante legal de Democracia Viva, y también del exseremi, según consignó La Tercera.
En el documento, el fiscal Aguilera indicó que la Fiscalía se encuentra investigando "los posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco" que se habrían cometido el año 2022, con ocasión de la celebración de convenios de transferencia de fondos "entre la Seremia de Vivienda de Antofagasta y las fundaciones Democracia Viva, Urbanismo Social, Procultura, Tomarte y Educación arte y Cultura Movimiento FIBRA", por sumas que oscilan entre los 400 y 577 millones de pesos por cada una, y añade que "igualmente, entre los gobiernos regionales de Antofagasta y de Talca, y las fundaciones Procultura y Urbanismo Social, respectivamente".
Por lo anterior, el persecutor pidió al tribunal que, "en el caso de las transferencias a Democracia Viva, a participación en los delitos antes enunciados que pudieron haber tenido" Contreras, Andrade y Pérez, "atendido a que entre aquellos existían vínculos de amistad, sentimentales, de cierta dependencia y subordinación en algún momento y de pertenencia al partido político Revolución Democrática".
En el requerimiento de la Fiscalía se señala que "resulta indispensable para reunir antecedentes que permitan acreditar los delitos investigados" a través del alzamiento del secreto bancario respecto de Contreras, Andrade y Pérez y de la Fundación Democracia Viva.
Asimismo, el Ministerio Público adjuntó las cuentas corrientes de Contreras, Andrade y Pérez. Según el escrito, la diputada mantiene cuatro cuentas corrientes -el exseremi registra dos y el representante de Democracia Viva, una- en los bancos Estado, Chile, BCI y Scotiabank.
Por último, la Fiscalía solicitó que el alzamiento del secreto bancario sea respecto del período que va entre el 1 de enero del 2022 hasta agosto de este año y que "esta diligencia sin previa comunicación de los afectados y que, asimismo, que esta solicitud y su proveído no sean subidas a la página web del Poder Judicial, ya que su conocimiento pone en riesgo su éxito y ello resulta indispensable para el mismo y la integridad de los funcionarios encargados de la investigación".
