Martín Arriagada Urrutia (UDI) cumplirá la pena en libertad y deberá pagar una multa y una indemnización que superan los dos millones de pesos.
Junto a la jefa de control interno del municipio, Isabel Vásquez Espinoza, elaboraron una forma de vender permisos de circulación sin cobrar las multas impagas.
El Tribunal Oral en Lo Penal de Curicó, en la Región del Maule, sentenció este martes a tres años de presidio al alcalde de la comuna Sagrada Familia, Martín Arriagada Urrutia (UDI), por defraudar al fisco por 740 millones de pesos.
El fallo determinó que la autoridad comunal, entre 2014 y 2015, autorizó el no pago de millonarias multa a automovilistas que solicitaban el permiso de circulación para sus vehículos, publicó La Tercera.
La justicia lo condenó a tres años de presidio, que podrá cumplir en libertad, a la prohibición de ejercer cargos u oficios públicos por cinco años y al pago de una multa de 813 mil pesos.
A ello se suma una indemnización a beneficio fiscal por 1,6 millones de pesos, luego de que se acogiera una demanda civil.
En esta misma causa fue condenada Isabel Vásquez Espinoza, quien cumplió el rol de jefa de control interno del municipio, a cumplir una pena de 41 días de prisión, que cumplirá en libertad, a no ejercer cargos u oficios públicos por dos años y un día, y el pago de una multa de 156 mil pesos.
El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, precisó que los delitos ocurrieron entre 2014 y 2015 cuando estos ocupaban dichos cargos y elaboraron "una forma de venta de permisos de circulación sin cobrar las multas impagas, de acuerdo a un listado de contribuyentes que aportaban a la comuna de Sagrada Familia, pero infringiendo la ley y haciendo que no se cobraran las multas que estaban a cargo de ellos y que debía ingresar al erario fiscal".
Así, se detalló que los hechos fueron descubiertos por concejales y denunciado ante la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, encausando una indagación de todos los permisos de circulación de 2014 y 2015, estableciendo que el monto defraudado fue cerca de 740 millones de pesos.
Además, recalcó que "obligaban a los girados a realizar estas acciones ilícitas toda vez que ocupaban situaciones precarias en su área laboral, ya que en su mayoría estaban a contrata o como alumnos en práctica".
Gajardo apuntó que la acción les permitió "allegar una gran cantidad de recursos al municipio, pero infringiendo la ley que establece la obligación de cobrar las multas impagas al momento de girar el permiso de circulación y en caso de no hacerlo al contribuyente no se le puede otorgar el permiso".
