La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó este martes la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el alcalde de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt, quien está imputado por una serie de delitos de corrupción.
El jefe comunal (independiente, exmilitante UDI) fue formalizado hace una semana por cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos, cargos ante los cuales el Juzgado de Garantía de Bulnes dispuso su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán.
El tribunal de alzada también mantuvo hoy la medida cautelar de prisión preventiva (en San Carlos) para el exconcejal de Chillán Rodrigo Alejandro Sandoval Terán, quien -según la Fiscalía- actuaba como "operador político" y colaborador del empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares, quien también está tras las rejas.
En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Chillán estimó que "conforme a los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, aparecen satisfechos los presupuestos materiales de la prisión preventiva impuesta a los imputados (...), teniendo presente para ello las declaraciones recabadas (...) y las conversaciones que se obtienen de las diversas interceptaciones telefónicas".
"Los cuestionamientos que efectúan sus defensas, por ahora, no resultan suficientes para descartar la existencia de los delitos y la participación atribuida", señala el fallo, que respecto a la necesidad de cautela indica que: "No obstante la irreprochable conducta anterior de los encartados, se estima que la libertad de ambos resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, atendida la naturaleza de los delitos formalizados (...) y la pena probable a la que se exponen. Así, la cautelar impuesta resulta indispensable para asegurar los fines del procedimiento y proporcional a la imputación que se les ha formulado".
FISCALÍA CONFORME
De acuerdo al Ministerio Público, los imputados se concertaron para adjudicar irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio y otras casas edilicias durante el año 2022.
Por disposición de la fiscal Nadia Espinoza, la investigación -que también involucra a Manuel Pino (UDI), alcalde de Ñiquén- se encuentra bajo secreto.
Francisco Soto, jefe de Asesoría Jurídica de la Fiscalía de Ñuble, valoró que el tribunal de alzada diera "por acreditados los presupuestos materiales y de participación de los imputados en los delitos por los que se les formalizó" hace una semana, y que ratificara como "necesaria la medida cautelar privativa de libertad, por representar ambos un peligro para la seguridad de la sociedad".
