El Servicio Electoral (Servel) denunció al Partido Comunes ante Fiscalía por la no rendición administrativa de 142 millones de pesos otorgados por el Estado en 2020 y 2021, en el marco de la campaña de la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana Karina Oliva, investigada por un eventual delito de fraude.
A través de un comunicado, Comunes precisó que "el grueso de la denuncia corresponde al 2021", periodo en que se dio conocer el "eventual fraude de subvenciones en contra de la exmilitante de nuestro partido Karina Oliva y su directiva central liderada por el exmilitante Jorge Ramírez, expulsados por el Tribunal Suprema de nuestra colectivas y hoy investigados por el Ministerio Público".
En esta línea, dieron cuenta que refrendan su "compromiso irrestricto de seguir colaborando tanto con el Servicio Electoral como con la justicia para la correcta rendición de los fondos fiscales aportados a nuestra organización en dicho período".
La situación también fue analizada por el secretario ejecutivo de Comunes, Felipe Larenas, quien aseguró que la directiva que asumió en mayo del 2022 tiene como principal objetivo "la regularización tanto orgánica como administrativa y legal de nuestro partido, que se vio afectado por los hechos públicamente conocidos de noviembre del 2021, hoy investigados por la Fiscalía".
"En ese contexto, nosotros teníamos conocimiento de esta medida realizada por Servel, estamos de acuerdo con ella y en el corto plazo vamos a acompañarla con acciones legales que permitan esclarecer cualquier tipo de irregularidad que pueda existir respecto del uso de fondos públicos en esos años", destacó el representante de la colectividad.
OPOSICIÓN ARREMETE CONTRA OLIVA
Desde la oposición, en tanto, la diputada Camila Flores (RN) apuntó directamente a Oliva, investigada desde 2021 por las inconsistencias en la rendición de gastos de campaña, señalando que "es una persona que, al parecer, inició esta caja de pandora que hasta el minuto no se puede cerrar".
"Han pasado ya varios años, por lo tanto que el Ministerio Público comience rápidamente con las formalizaciones que correspondan y se haga justicia. Y que, en este caso y en todos los casos que sean características como este, se apliquen las penas máximas, porque la ciudadanía eso espera, que la ley sea igual para todos y no que existan posiciones de privilegio para algunos por el hecho de ser políticos", solicitó la parlamentarias.
"Aquí estamos hablando de muchísimo dinero que robaron estas personas buscando mecanismos para poder defraudar el fisco", profundizó Flores.
A esta investigación se sumó la confesión de Diego Corvalán, militante histórico de Comunes, quien fue citado en calidad de imputado por su rol de jefe de equipo electoral. Según consignó La Tercera, este apuntó al uso de fachada de la ONG Chile Movilizado, la cual recibió el pago de 120 millones de pesos por informes copiados a la consultora Criteria.
