Por malversación reiterada de caudales públicos -en un monto que supera los mil millones de pesos- fue formalizada este martes, en el Juzgado de Garantía de San Antonio, la encargada de la Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, Belén Carrasco Serrano, quien fue detenida en la víspera.
Según expuso en la audiencia el fiscal anticorrupción Claudio Rebeco, Carrasco desvió entre el 24 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre del 2023 un total de mil 69 millones 383 mil 196 pesos, que transfirió a cuatro personas, dos de ellas familiares del alcalde José Luis Yáñez (UDI).
El fraude lo cometió "mediante la confección de nóminas de pago que adulteró, incluyendo en los referidos listados a distintas personas naturales como supuestos destinatarios de pagos regulares del municipio, sin que ninguno de ellos tuviere derecho a la transferencia de esos fondos. Se trata, por tanto, de pagos sin causa y sin justificación ni documentación de respaldo", explicó Rebeco.
DEFECTUOSO CONTROL INTERNO
El persecutor expuso además que estas transferencias fueron autorizadas por el jefe jurídico y la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio.
Estos funcionarios "habrían realizado la operación de autorización desde el portal del Banco, confiando en los antecedentes que la imputada les presentaba, sin detenerse a revisar cada uno de los decretos de pago ni confrontarlos con las nóminas", dijo Rebeco.
Una vez hechas las transferencias, los destinatarios indebidos "retiraban por caja (el dinero) en efectivo, para entregarlo a la imputada Belén Carrasco, reteniendo como premio o recompensa una cantidad del dinero cercana al 10 por ciento, según lo pactado entre ellos", indicó el fiscal anticorrupción.
Al término de la presentación de los cargos, el tribunal le impuso a Carrasco la medida cautelar de prisión preventiva, y determinó un plazo de investigación de 150 días.
"RECONOCIÓ HABER URDIDO EL PLAN"
Tras la finalización de la audiencia, el fiscal Rebeco detalló que el lunes, tras ser detenida, Belén Carrasco "prestó declaración reconociendo que había urdido este plan, seleccionando a las personas respecto de las cuales podía conseguir la segunda firma para la autorización de esos pagos y alterando las nóminas de pago".
La imputada se encuentra embarazada, pero la defensa "no invocó razones en este sentido", y el tribunal tampoco estimó que hubiera riesgo con su encarcelamiento, "de modo que ella puede ingresar a un módulo especial, donde tendrá los cuidados" necesarios, señaló el persecutor.
Su prisión era necesaria, agregó Rebeco, "por la naturaleza y la gravedad de los hechos" involucrados, que la hacen arriesgar "una altísima pena, y también teniendo en consideración el riesgo de afectar las diligencias de investigación: la libertad de la imputada pone en riesgo la seguridad de la investigación, que está comenzando y tiene muchas diligencias por delante", enfatizó.
