El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar bajo arresto domiciliario nocturno al exalcalde de Ñuñoa Andrés Zarhi (exmilitante de RN), quien fue formalizado como presunto autor del delito de fraude al fisco durante su gestión municipal, específicamente entre mayo de 2019 y junio de 2021.
La causa inició a raíz de la querella presentada en agosto de 2022 por la actual jefa comunal, Emilia Ríos (RD), por millonarias indemnizaciones pagadas a exdirectivos de la Corporación de Desarrollo Social.
De acuerdo a La Tercera, el tribunal ordenó aplicar la mencionada cautelar, así como el arraigo nacional, después de tres audiencias en las cuales el Ministerio Público comunicó a Zarhi los hechos por los que es indagado.
Terminada la instancia, el abogado defensor Óscar Rivera confirmó que solicitará reducir la medida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, apuntando que "había acuerdo con el Ministerio Público para que hubiese arraigo y firma quincenal, pero esto no fue del agrado del Consejo de Defensa del Estado, lo que motivó una serie de dilaciones innecesarias".
De todos modos, rescató que el juzgado desechara el delito de malversación de caudales públicos que figura en la querella original de la alcaldesa, además de reducir el monto presuntamente defraudado.
"Quedamos conformes con el análisis, con el detalle que se hace respecto de los delitos investigados, pero con un sabor amargo respecto de que consideramos que la medida cautelar que se debió haber fijado es la de arraigo y firma quincenal", resumió Rivera.
LOS ANTECEDENTES
Además de Zarhi, la Fiscalía investiga al exsecretario general de la corporación José Palma Vega, quien pagó 20 millones de pesos por conceptos del perjuicio ocasionado. Asimismo, se instruyó arraigo nacional para el exasesor jurídico Ludwig Bornand Manaka y el exdirector de Salud Roberto Stern, así como firma quincenal para este último.
Según la acusación, el exalcalde, en su calidad de presidente de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, "sin contar con facultades para ello, suscribió y permitió que se suscribieran contratos y anexos de contratos de los Directivos de dicha Corporación, que contenían cláusulas abusivas relativas a la concesión de indemnizaciones a todo evento y sin tope legal".
Las referidas cláusulas contravenían "en forma abusiva los deberes propios de su cargo en cuanto a resguardar el Patrimonio de la Corporación, en cuanto le generó un pasivo ascendente a la suma de $190.465.530", sigue el escrito.
Por otra parte, la Fiscalía sostiene que antes de que fuera electa la nueva administración, el exalcalde desvinculó al secretario general de la Corporación, ocasionando un perjuicio de $27.653.818.
En tanto, se estima que Stern obtuvo fraudulentamente $180.275.648 por parte del Ministerio de Salud por "retiro voluntario", lo que no correspondía al haber sido recontratado. Luego, recibió otro pago que superaba los 48 millones de pesos a modo de finiquito, lo cual tampoco procedía.
Finalmente, el Ministerio Público afirma que Bornand obtuvo de manera fraudulenta la suma de $7.612.974, equivalente al perjuicio ocasionado a la Corporación.
