La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó el arresto domiciliario y decretó la prisión preventiva para Jorge Flores, funcionario de la Seremi de Educación de la Región de O'Higgins que es acusado de emitir certificados falsos a ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad china.
El imputado, de 36 años, fue formalizado el 19 de abril por el delito de falsificación de instrumento público debido a su eventual responsabilidad en la emisión de 138 certificados de estudios que no contaban con respaldo del Ministerio de Educación (Mineduc).
El fiscal de Alta Complejidad de O'Higgins, Carlos Fontes, informó que el presunto delito "implicaba al menos 138 penas de 3 años y un día a 10, pero la cifra ahora se extiende a 291 certificados falsos".
En esa línea, el persecutor detalló que "hay una parte reservada aún en la investigación, pero ya tenemos identificada a una persona claramente imputada, que estaría involucrada en los hechos, y otro sospechoso más que se está indagando su participación".
"Lo que ya tenemos claridad es que hubo pago, lo que no tenemos claro es la cantidad que se pagó en cada certificado. Puede ser reformalizado para agregarlo a otro delito, que sería un delito de cohecho, es decir, podría estar arriesgando la falsificación y además el cohecho por cada certificado emitido", complementó el fiscal.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se originó a mediados de abril, luego de que el Mineduc alertara de la emisión sospechosa de certificados por parte de un mismo funcionario público, los que no contaban con el respaldo del acta de estudios.
El imputado enfrentó un sumario administrativo y alcanzó a estar libre por aproximadamente una semana. Sin embargo, tras la resolución del tribunal de alza fue detenido nuevamente por una unidad especial de la PDI para ser ingresado a la Cárcel de Rancagua.
El comisario de la Unidad de Alta Complejidad de la PDI, Ítalo Palma, se refirió al perfil del imputado y sostuvo que "es un funcionario administrativo que, según los conocimientos que mantenemos nosotros y que nos argumentó la Seremi (de Educación), es que este funcionario tiene acceso a realizar este tipo de certificados, tiene una clave de acceso, la cual ya fue bloqueada a raíz de estos hechos".
"Los antecedentes que manejamos es que, en primera instancia, estas personas (los receptores de los documentos) podrían obtener licencias de conducir a raíz de este certificado falso y fraudulento que fue emitido desde el ministerio", agregó el detective.
El Ministerio Público tiene un plazo de 120 días para lograr la detención de aproximadamente 300 personas que descargaron los mencionados certificados falsos de estudio, quienes arriesgan ser formalizados por uso malicioso de instrumento público.
