El presidente de la asociación, Juan Carlos Orellana, comentó en Coooperativa el lapidario informe sobre los penales.
"Acá el Estado ha tenido por muchos años en abandono el sistema penitenciario en nuestro país", aseguró.
"Tenemos que convivir en medio de los tarros de basura, de los chinches, baratas, ratones", declaró Orellana.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Juan Carlos Orellana, comentó en El Diario de Cooperativa el informe de la Corte de Apelaciones que denunció condiciones "inhumanas" en penales de Santiago, advirtiendo que están "propensos" a que ocurra una situación como el incendio en la Cárcel de San Miguel.
"Acá el Estado ha tenido por muchos años en abandono el sistema penitenciario en nuestro país", criticó, añadiendo que "estamos frente a una situación que se está develando a raíz, también, del incendio que ocurrió en San Miguel y, obviamente, estamos propensos a que nuevamente ocurra este tipo de situaciones".
Ello, explicó, "porque al interior de las unidades penales donde existe hacinamiento, además de eso donde el Estado no entrega los recursos necesarios para poder reorganizar al interior de las unidades penales, construir más metros cuadrados donde la población penal pueda convivir sanamente, no hay recursos. Hay aumento de la población penal y están los mismos metros cuadrados construidos, y estamos trabajando con la misma cantidad de personal".
Orellana dio cuenta que "hoy tenemos que convivir con la población penal, una que cada día va en aumento, donde tenemos que convivir en medio de los tarros de basura, de los chinches, baratas, ratones, porque trabajamos en forma directa con la población penal".
"A raíz de eso, también nosotros como custodios no tenemos un bienestar con respecto al tema de la habitabilidad, dado que en un dormitorio donde tienen que dormir dos o tres funcionarios para que ellos estén bien, hoy están durmiendo siete a ocho funcionarios", denunció.
"A nadie le importa los presos"
Aseveró que, al igual que ocurre con la población penal, "también hay un hacinamiento con respecto de los funcionarios de Gendarmería. A eso sumamos la mala alimentación que tiene hoy el funcionario de Gendarmería, que no es una alimentación saludable para desarrollar la función que nosotros tenemos, que son turnos inhumanos, turnos demasiado extenuantes".
Sobre la situación de la población penal, el líder de Anfup manifestó que "es una responsabilidad del Estado y creo, también, que a nadie le importa los presos".
"Al final, acá las personas que están privadas de libertad, ¿a quién le interesa? Y nosotros tenemos que pagar los platos rotos, nosotros los custodios", concluyó.
Falta de apoyo del Estado
Rodrigo Bustos, director jurídico del INDH, comentó que "aquí hay problemas claramente estructurales que deben ser abordados por el Estado chileno, el Poder Judicial tiene que tomar medidas cuando constate situaciones como esta, de vulnerabilidad, de violaciones graves a los derechos humanos y el Poder Legislativo también".
"En ese sentido nosotros hemos dicho que la agenda corta que se está tramitando en nuestro país va a tener un impacto en las condiciones carcelarias, porque va a significar aumentar la población penal por los aumentos de las penas en los delitos contra la propiedad", agregó.
El abogado Cristián Cruz, representante de las víctimas del incendio en la cárcel de San Miguel, indicó que este informe "denota un debe del Estado, del Gobierno de Chile, donde también los gendarmes son maltratados, dadas las condiciones en que ellos deben ejercer sus funciones".
Por su parte, César Pizarro, director de la organización 81 Razones, dijo que "estabámos claros que tenía que ser un informe lapidario. Nos hemos dado cuenta desde un principio e incluso antes del incendio donde murieron los 81 internos que no se cumplen para nada las exigencias en el tema de los derechos humanos y de la reinserción que el país paga".
