El subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, se reunió con el contralor Bermúdez.
Aseguraban que los más afectados con esta decisión serían los estamentos más bajos de la repartición.
Hasta el momento no hay investigaciones por posibles ilícitos para aumentar las pensiones.
El subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, pidió en mayo pasado al contralor Jorge Bermúdez reconsiderar el límite a las pensiones en Gendarmería.
Según consignó La Tercera, Suárez envió un oficio el 6 de mayo al contralor, razón por la que se reunieron tres días después, como se indica en la agenda pública de Bermúdez.
De esta manera, el Ejecutivo buscaba avalar el pago de altas jubilaciones, asegurando que los más afectados con el tope serían los estamentos más bajos de la repartición.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que la posición era respetar el dictamen de Contraloría, sin perjuicio de que se efectuaron las presentaciones correspondientes ante el contralor Bermúdez.
Aunque desde esa fecha la Contraloría no se ha referido a casos puntuales como el de Myriam Olate, sí se abrió un sumario para conocer los casos de jubilaciones tratadas en otros períodos.
"Estamos haciendo un sumario administrativo para poder saber qué pasó en el período intermedio (...) por qué se desconoció la jurisprudencia del organismo", dijo Bermúdez el 22 de junio a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja.
Investigación de Contraloría
Contraloría enviará antecedentes al Ministerio Público si se conocen nuevos casos de pensiones abultadas de los seis funcionarios que superaban el límite entre los 187 pensionados de la institución.
El fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, recalcó que "por ahora no se ha iniciado ninguna investigación, en la medida que existan antecedentes de que pudiese haber algún tipo de delito la fiscalía tiene la obligación de iniciar la indagatoria".
"No se trata de antecedentes que tengan relación con una persona en particular, sino que se trata de una modalidad y eso es lo que hay que eventualmente investigar si es que así se decide. Lo que corresponde es que si ellos vislumbran que podría haber algún delito en estos hechos debieran informarlo al Ministerio Público", precisó.
En el caso de comprobarse los ilícitos en relación a lograr un aumento en el pago de pensiones, la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado podrán iniciar procesos judiciales para recuperar parte del dinero obtenido de forma irregular.
"Hecha la ley, hecha la trampa"
Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Óscar Benavides manifestó que "será inmoral, será antiético, pero es legal. Esto quiere decir que la Ley 19.863, ley que entrega una asignación crítica a estos funcionarios, a estos directivos del servicio público, permiten que estos aumenten su remuneración hasta en un 50 por ciento".
"Esto está establecido por ley y esta ley permite que los altos directivos de este tipo puedan ver aumentada su remuneración y con esto se crea un verdadero chaleco protector", dijo.
"Es que hecha la ley, hecha la trampa", manifestó.
Por su parte, Alberto Figueroa, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales de Gendarmería, recalcó que "Gendarmería no cometió ningún acto ilegal, nosotros tenemos una carga impositiva que aumenta en el 30 por ciento respecto de lo que impone Carabineros e Investigaciones".
"Las leyes tienen vacíos que permiten realizar ciertas acciones", añadió.
