Rodrigo Cerda aseguró en Cooperativa que iniciativa "nace desde la mera intuición".
Recalcó que la institucionalidad establece normas de control a los jueces.
Los magistrados volvieron a cuestionar la propuesta de Evelyn Matthei y del Gobierno.
El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, aseguró que una medida como un "observatorio judicial", propuesto por la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, y respaldado por el Gobierno, requiere una reforma constitucional.
En diálogo con El Diario de Cooperativa, el dirigente de los jueces aseveró que se trata de una herramienta que no está prevista en la legislación nacional, por lo cual se requiere un cambio en la Carta Magna.
"Una cosa así requiere modificaciones constitucionales, un debate amplio, no es llegar y generar así, sin ninguna modificación de ningún tipo en la institucionalidad, llegar a implementar un organismo llamado observatorio", dijo Cerda.
El presidente de los magistrados además cuestionó que la iniciativa no nazca desde un estudio serio.
La propuesta "nace desde la mera intuición, no nace desde un estudio serio, científico, que justifique la existencia de un organismo generado por el Ejecutivo para hacer controles no previstos en nuestra legislación respecto de un poder del Estado", añadió.
Además resaltó que esta medida no es una garantía para reducir las cifras de la delincuencia y apuntó que con esto se desvía la responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
"Es fácil desviar la atención de los éxitos o fracasos de la persecución penal desde las ofertas que se realizaron (en la campaña presidencial de Piñera) llevándola y atacando al Ministerio Público, a las policías, o a los jueces por su funcionamiento, cuando las causas de la delincuencia, y las bajas o aumentos de las tasas de criminalidad, no dependen de un observatorio judicial", dijo.
Cambio en el objetivo del "observatorio"
Cerda además señaló que con el paso de los días el perfil de esta propuesta varió desde el control y la presión a los jueces, a una herramienta para la ciudadanía.
"La finalidad que se manifestó en su oportunidad, y que ahora va cambiando hacia la información, hacia facilitar el escrutinio público que se haga de las sentencias judiciales, no altera que el propósito inicial manifestado claramente era otro: presionar a los jueces para que fallen en el sentido del Gobierno de turno", dijo.
Enfatizó que la institucionalidad actual establece control a la labor de los jueces.
"Los controles que los jueces tenemos en nuestras decisiones están institucionalmente previstos en el sistema jurídico chileno, ya sea a través de los recursos procesales, investigaciones de tipo disciplinarios, la misma fiscalización que el Presidente puede hacer. Hay controles institucionales, y aquí hay un control que no está previsto en la Constitución, y se genera como un mecanismo de presión hacia el juez de garantía", concluyó.
