Los funcionarios presentaron una denuncia en el Juzgado Laboral de Santiago.
Dicen que la situación ha derivado en "constantes licencias médicas" y necesidades de traslado y adecuación de personal.
Las acusaciones apuntan contra el jefe de Ministerio Público, Jorge Abbott, y el jefe de la Fiscalía Occidente, José Pérez Calaf.
Funcionarios del Ministerio Público recurrieron a la justicia laboral acusando "malos tratos" y "prácticas anti sindicales" por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, y de José Luis Pérez Calaf, jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.
Los trabajadores acusan a Abbott de incumplir compromisos adquiridos en tribunales laborales el año pasado, mientras que, en el caso de la Fiscalía Occidente, denuncian "maltrato sicológico" por parte del jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Antonio Lupayante.
"Hemos presentado dos reclamos formales contra Antonio Lupayante, jefe de Finanzas de la Fiscalía Regional Occidente: asumió en septiembre de 2016 y, desde eso, se han suscitado cuatro renuncias de funcionarios, constantes licencias médicas de los mismos funcionarios que trabajan en la unidad", señaló el dirigente Fabio Trujillo.
"Por este descalabro, y como desarticuló esa unidad y hay constantes malos tratos a los funcionarios, la Fiscalía Regional se ha visto en la necesidad de enviar a funcionarios de otras unidades", agregó Trujillo, quien preside la asociación de trabajadores de la Fiscalía Occidente.
La presidenta de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público, Paulina Ruiz, afirmó que la Justicia ha constatado despidos indebidos, y exige una mayor fiscalización de la Contraloría.
La jefatura de la Fiscalía "no debiera tener tantas facultades, debería tener limitaciones y un control externo: me cabe la duda de qué otro funcionario de Estado tiene tantas facultades y tantas potestades como el fiscal nacional. Lamentablemente eso ha ido en perjuicio de los funcionarios del Ministerio", indicó Ruiz.
Desde las organizaciones también esbozan que hay falta de competencia en algunos jefes de recursos humanos y las direcciones ejecutivas de las fiscalías regionales, al ser designados como cargos de confianza y no por concurso público
Desde la Fiscalía no quisieron referirse públicamente a estas acusaciones.
