El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, reflexionó sobre el trasfondo que busca impulsar el Gobierno de Gabriel Boric para la conmemoración el próximo 11 de septiembre de los 50 años del golpe de Estado, que derrocó al Presidente Salvador Allende y dio inicio a la cruenta dictadura de 17 años (1973-1990) de Augusto Pinochet.
En entrevista con "Estado Nacional" de TVN, el jefe de cartera fue consultado por las declaraciones de la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista, sobre el compromiso del Ejecutivo, quien reprochó que "habría esperado más del Gobierno" respecto a este hito.
El ministro Cordero consideró legítima la opinión de la parlamentaria, al tiempo que expresó que "la conmemoración del golpe es de dolor, porque es una crisis por donde se le mire".
"Entonces, por cierto, la conmemoración requiere un espacio de reflexión", puntualizó.
En esa línea, profundizó en el compromiso del Ejecutivo y relevó como una medida concreta el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada, que será presentado oficialmente el próximo 30 de agosto.
"En el Ministerio de Justicia, nosotros hemos estado trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda, el Presidente lo firma y lo suscribe el 30, pero creo que también la conmemoración es parte de la reflexión que requiere o que necesita el sistema político", sostuvo.
La familia del ministro Cordero también fue víctima de los aparatos represores de la dictadura, pues dos tíos de su padre, Luis Ramón Silva Carreño y Manuel Silva Carreño, son detenidos desaparecidos.
"El Gobierno ha tratado de hacer un esfuerzo genuino por tratar de buscar un espacio de compromiso hacia el futuro en torno a los 50 años, que es lo que ha convocado el Presidente de la República", afirmó.
"AUSENCIA DE MEMORIA INSTITUCIONAL"
En tanto, lamentó que, en el ambiente político que se vive previo a los 50 años, "una de las grandes debilidades nuestras es la ausencia de memoria institucional", contexto en el cual planteó que "las perspectivas históricas también tienen discrepancias en el fondo, (pero) yo creo que el problema no es el debate, es el tono de la discusión".
"Uno no puede tener temor a discrepar, siempre que sea con respeto, con lealtad y siempre que se sostengan las instituciones y la amistad cívica y yo creo que, pese a todo, yo sigo siendo un optimista", remarcó.
Reprochó, en ese sentido, que algunos actores políticos en sus declaraciones sobre el tema "cometen excesos retóricos que en ocasiones probablemente no dimensionan los impactos que eso puede tener en la institucionalidad".
Sin embargo, apuntó que "lo relevante de esos excesos que ofenden, perjudican o que lesionan activos bien importantes para la democracia y las personas, (es que) puedan ser adecuadamente corregidos o llamados al orden".
El país tiene "muy presente, más allá de que algunos lo puedan explicitar o no, que la violencia política no solo es inadmisible, sino que siempre nos ha llevado por caminos de mucho dolor y de fracturas", sentenció.
La dictadura duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante el régimen cívico militar que aún son buscadas por sus seres queridos.
