El director Sergio Micco fue enfático en señalar que el panorama judicial es "desolador".
Si bien hay cuatro veces más sentencias que hace un año, es solo un 0,03 por ciento de las investigaciones del Ministerio Público desde octubre de 2019, lamentó el organismo.
A tres días de que se cumpla el segundo aniversario del llamado "estallido social", el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió este viernes de una "desoladora" falta de avance del Estado de Chile en las medidas recomendadas ante las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas sociales, las más graves registradas desde el retorno a la democracia.
"Qué ha hecho el Estado de Chile para cumplir con esta verdad, cuál es el discurso oficial: refugiarse en una errada idea de que esta es sólo tarea de los tribunales de justicia. Errada porque sobre los recursos de los tribunales de justicia -que desde ya no es rápido ni expedito- se han agravado las razones estructurales de que no haya un acceso a la justicia por otras coyunturales como la pandemia", dijo el director del INDH, Sergio Micco, en una ceremonia este viernes.
"Pero -y esto es decisivo- esta judicialización completa la verdad, pero no mira el rostro de la víctima ni la de sus familiares y las confunde con decisiones judiciales que dependen de múltiples factores", añadió el abogado, que fue enfático en señalar que el panorama judicial es "desolador".
Según datos del INDH, de acuerdo al seguimiento de acciones judiciales, al 2020 se habían presentado 2.917 querellas por abusos en protestas, de las cuales 52 procedieron a formalización, hubo 111 imputados formalizados y solo una sentencia condenatoria.
Al 2021, en tanto, hay 3.072 querellas, 70 con formalización, 136 imputados formalizados y apenas cuatro sentencias condenatorias.
🔴INDH presenta el balance a dos años de la crisis social. De las 3.072 querellas presentadas por el INDH solo 4 han recibido sentencias condenatorias.
— INDH Chile (@inddhh) October 15, 2021
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Si bien hay cuatro veces más sentencias que hace un año, es solo un 0,03 por ciento de las investigaciones del Ministerio Público en dos años, lamentó el INDH.
Sobre el seguimiento de las víctimas, desde el INDH apuntan a las debilidades del sistema de justicia, ya que en 175 oportunidades se aplicó el protocolo de Estambul -a denuncias de tortura y casos más graves-, de las 632 querellas donde se había solicitado.
"Somos parte de un Estado de Chile que no se ha dado los medios para prevenir, investigar y sancionar toda violación de DDHH", sostuvo crítico Micco.
Recordó incluso que "el Presidente de la República, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre del 2020, señaló: 'Haremos todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas que atentan contra la sociedad' ".
Ante ello, "la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿se han hecho esos esfuerzos?", planteó, sobre la cual detalló que "del segundo reporte de seguimiento de las recomendaciones en nuestro informe anual del 2019, se deduce que en un tercio de ellas hay un cumplimiento parcial; de los restantes dos tercios no se ha adoptado ninguna medida para cumplir".
🔴INDH: A dos años del 18 de octubre el Estado no está cumpliendo con sus deberes respecto del Derecho Internacional de los DD.HH. en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El panorama en materia de derechos humanos nos resulta desolador. pic.twitter.com/g7hbJT5o7p
— INDH Chile (@inddhh) October 15, 2021
El próximo lunes 18 de octubre se cumplen dos años desde que estallaron en Chile las revueltas contra el Gobierno y la desigualdad económica más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios, además de señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y militares.
En vísperas, tanto en el Gobierno como en Carabineros se monitorean todos los llamados a movilizaciones que se están levantando en redes sociales desde este viernes 15 en adelante, cuando se esperan las mayores concentraciones. Para ello, la policía militarizada diseñó una estrategia que incluye a 5.000 funcionarios desplegados y refuerzo de la seguridad en "zonas de riesgo".
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, será el encargado de supervisar los lugares donde se produzcan desmanes y movilizaciones.
"Hago un llamado a que las personas, si se van a manifestar por este aniversario del 18 de octubre, lo hagan como lo establece nuestra Constitución y nuestra convivencia democrática: de forma pacífica y sin armas", abogó Galli.
"Vamos a partir este viernes, como casi todos los viernes, con una presencia policial en la Plaza Italia, pero esperamos que el día lunes sea una participación pacífica y, por lo tanto, la labor que tendrán las policías sea de resguardo de los manifestantes y de asegurar un adecuado ejercicio del derecho a la manifestación", añadió la autoridad.
Este lunes, además, la Convención Constitucional dará el vamos a la etapa de redacción de los contenidos de la futura Carta Fundamental. Como un hito, coincidirá con el nuevo aniversario del estallido social, precisamente en el marco del cual se habilitó este proceso constituyente como una manera de encauzar las demandas ciudadanas.
Por ello, la mesa directiva del órgano discutió la posibilidad de hacer, oficialmente, un gesto simbólico sobre el estallido. Sin embargo, aquello no ocurrirá, sin perjuicio de que los vicepresidentes adjunto pueda hacer referencias al respecto en sus discursos de la sesión del lunes, si así lo estiman pertinente.
La convencional Cristina Dorador, del Movimiento Independientes del Norte, manifestó que "el 18 de octubre fue clave para tener este trabajo constitucional".
"Sin las personas que salieron a protestar, también se perdieron vidas, hubo personas mutiladas, que perdieron sus ojos, con gran violencia policial y violaciones de los derechos humanos, esto no hubiese sido posible, por lo mismo es muy importante recordar aquello", apuntó la representante por la Región de Antofagasta.
Desde ese mismo distrito 3, el UDI Pablo Toloza consideró que "no es una fecha para celebrar, muy por el contrario, es una fecha triste, por cuanto se destruyó el estado de derecho, el sueño de miles personas de vio frustrado por una violencia inusitada, se destruyeron emprendimientos".
Según el gremialista, "se debe llamar a la reflexión, porque jamás podemos caer ni amparar la violencia para realizar cambios".
