Diez vagones se descarrilaron el lunes, mientras viajaban de Quilicura a Tiltil, y hay indicios de la participación de terceros.
"El Gobierno y la Intendencia ya se acostumbraron a criminalizarnos", reclamó el alcalde Nelson Orellana.
Lo ocurrido "nos parece un acto delictual, de la máxima gravedad", dijo el intendente Claudio Orrego.
El Gobierno se querelló por Ley de Seguridad Interior del Estado a raíz del descarrilamiento, el lunes, de un tren que transportaba basura desde la planta de transferencia de Quilicura hacia el relleno sanitario Loma Los Colorados, recintos -ambos- de la empresa KDM.
La máquina pertenece a la empresa Fepasa y a la altura del kilómetro 59, en Rungue, descarriló 10 de sus 23 vagones, uno de los cuales terminó volcado.
La Fiscalía dijo que "hay evidencia de manipulación por parte de terceros" y KDM habló de un "acto vandálico", mientras los vecinos especulan con un posible "montaje". El hecho se suma a otros incidentes similares que se han registrado en Tiltil desde que el Comité de Ministros aprobó el proyecto Cigri, de la empresa Ciclo.
"Nos parece que éste es un acto delictual, de la máxima gravedad. En consecuencia, como Gobierno, a la querella que habíamos presentado hace algunas semanas por problemas que habíamos tenido en la línea por la Ley de Sabotaje a los Trenes en Chile, el Gobierno ha tomado la decisión de aplicar hoy día la Ley de Seguridad Interior del Estado a esta situación en particular, en el caso de Rungue", comunicó el intendente Claudio Orrego.
La autoridad anunció además que se resolvió "declarar el transporte de basura en la Región Metropolitana como una industria estratégica", y afirmó que en el Ejecutivo esperan "dar con los responsables y aplicarles las sanciones que correspondan".
Alcalde pide investigar y no criminalizar
El alcalde de Tiltil, Nelson Orellana, comentó que "personal de Carabineros constató que los pernos de sujeción de una plancha eclipsa que une los rieles se encontraban sueltos", pero advirtió que "esto no puede, sin una investigación previa, ser un acto en donde se sindiquen a terceros y menos a los vecinos tiltilanos".
"Al parecer el Gobierno y la Intendencia ya se acostumbraron a criminalizarnos. Aquí debe haber una investigación para generar una opinión fundada", dijo Orellana, quien indicó que su lucha contra Ciclo es "a través de las vías legales", por lo que no se hace responsable "de la acción de individuos que actúan por cuenta propia".
