Un grupo de abogados suecos presentó este lunes ante el juzgado de Skellefteå (norte de Suecia) una demanda contra la compañía minera Boliden por los daños a la salud causados por las emanaciones de residuos tóxicos enviados hace tres décadas a la ciudad chilena de Arica.
La querella, presentada en nombre de 707 personas afectadas -la mayoría niños-, reclama a Boliden una indemnización conjunta de 90 millones de coronas suecas (6.970 millones de pesos chilenos).
Entre 1984 y 1986 la sueca Boliden, responsable del desastre natural del Parque de Doñana en España, envió 20 mil toneladas de barros metálicos que contenían mercurio, arsénico y plomo -procedentes de sus instalaciones en Skellefteå- a la empresa chilena Promell para que los tratara.
Los residuos nunca fueron procesados por Promell, que años más tarde se declaró en quiebra, y quedaron abandonados a la intemperie en ese lugar.
La Corte Suprema de Chile condenó en 2007 al Estado chileno a pagar unos 5,4 millones de dólares (2.710 millones de pesos) a los 356 habitantes de la población "Cerro Chuño" (Arica) para reparar el daño a su salud provocado por la intoxicación.
Pero Boliden ha rechazado hasta ahora cualquier responsabilidad en el asunto, culpando a Promell, a la que pagó en su momento para deshacerse de los desechos.
La demanda, elaborada por un grupo de abogados suecos en colaboración con un bufete chileno y una organización medioambiental de EE.UU., acusa a Boliden de violar la legislación al no pedir a las autoridades suecas el permiso pertinente.
"Simplemente se ocultó que se enviaron los residuos contrariando los permisos y las reglas que regían entonces", declaró a Radio de Suecia Johan Örberg, uno de los abogados de la causa.
La minera sueca era consciente además de que la firma chilena no tenía ni los medios ni las instalaciones adecuadas para tratar los residuos de una forma segura, según los querellantes, que afirman que el supuesto delito no ha prescrito en Suecia ya que no fue hasta 1994 que se descubrieron los daños en la salud de los habitantes.
La demanda documenta daños en los pobladores chilenos en forma de cáncer, dolores en las articulaciones y huesos, tos crónica y dificultades respiratorias.