La secretaria ejecutiva, Rossy Lama, gastó más de cinco millones de pesos en celular durante un viaje a EE.UU.
Además se otorgaron vacaciones a funcionarios que llevaban menos de dos meses de trabajo.
La Contraloría General de la República ordenó a la Subsecretaría del Interior que abra una investigación sumaria por presuntas irregularidades en el Programa de Derechos Humanos de la cartera.
El órgano contralor emitió el pasado viernes un dictamen en el que da cuenta de las "presuntas irregularidades (que están) relacionadas con el incumplimiento de la jornada laboral y gastos excesivos en telefonía móvil por parte de la Secretaria Ejecutiva, Rossy Lama Díaz (...), como asimismo respecto de permisos laborales y vacaciones improcedentes otorgados a algunas personas contratados sobre la base de honorarios".
En primer lugar, y según una denuncia que presentó el diputado radical José Pérez Arriagada, Rossy Lama "no cumpliría satisfactoriamente con su jornada de trabajo, toda vez que no estaría registrando su ingreso y salida en el respectivo reloj control."
"En otro orden, añade (la denuncia de Pérez) que la señora Lama Díaz habría incurrido en gastos excesivos en telefonía móvil, durante su estadía en Estados Unidos, asistiendo a un curso de Trata de Personas. El valor de dicho gasto se refleja en la Factura N°33737687, de la empresa Telefónica Móviles de Chile S.A. MOVISTAR por un total ascendente a $ 5.769.186, correspondiente al consumo efectuado desde el extranjero, entre los días 24 de agosto y 16 de septiembre de 2012", señala la Contraloría.
Además, se consigna que en el Programa de Derechos Humanos "se les otorgó feriado legal a los contratados a honorarios señores(as) Jean Pierre Chiffelle Soto, Carla García Leiva y Marcela Prieto Rudolphy, a dos meses de ingresados al Servicio, lo que no se habría ajustado a la legalidad, como asimismo al señor Ignacio Mujica Torres, quien al momento de renunciar, sin completar un año de antigüedad laboral, se le habrían pagado vacaciones proporcionales".
Fallas en el control interno
El dictamen firmado por el contralor Ramiro Mendoza destaca que, según la ley, "en lo que respecta a los gastos en telefonía móvil (...) los recursos públicos únicamente deben destinarse al logro de metas y objetivos previamente establecidos". En concordancia con lo anterior, toda persona que cumple una función pública contraviene el principio de probidad administrativa al "emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la Institución, en provecho propio o de terceros" y "ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales".
"De acuerdo a la información entregada por la Jefa del Área de Administración y Finanzas del Programa de Derechos Humanos, a la señora Lama se le habrían asignado un total de 6 celulares entre marzo del 2010 y el 12 de septiembre de 2012, siendo el último un Iphone 4S sin tope de minutos, por cuanto los anteriores habrían sido inutilizados o robados", apunta la Contraloría.
"Es dable señalar que producto de las deficiencias de control interno, la carencia de instructivos y la falta de actas de entrega de equipos móviles, en los cuales se establecieran las condiciones en las que se podría hacer uso de los celulares, tales como: minutos asignados, responsabilidad por el sobre consumo, hurto, robo o pérdida del equipo, no fue posible determinar que la utilidad dada al celular asignado a la señora Lama Díaz corresponde efectivamente a fines institucionales", se advierte.
"En virtud de lo anteriormente señalado, procede que la Subsecretaría del Interior instruya una investigación sumaria con el objeto de esclarecer los hechos y las eventuales responsabilidades por falta de probidad en el desempeño de funciones y de ser procedente se apliquen las medidas disciplinarias que correspondan", señala otro párrafo de la resolución.
Funcionarios deberán restituir beneficios
"En último término, en lo que concierne a los permisos laborales y vacacionales otorgados a los contratados a honorarios, es necesario precisar que (...) quienes prestan servicios a la Administración en virtud de un contrato a honorarios, no poseen la calidad de funcionarios públicos, asistiéndoles sólo los derechos y obligaciones que se establecen en el respectivo acuerdo de voluntades", dice el ente contralor.
Respecto de los funcionarios Chiffelle, García, Prieto y Mujica, "habiéndose revisado sus respectivos contratos, se pudo verificar que en ninguna de sus cláusulas se les estableció una jornada de trabajo, por lo cual de acuerdo a la jurisprudencia antes citada, no corresponde el otorgamiento de beneficios accesorios. Además, de los antecedentes proporcionados y de las propias declaraciones de la señora Claudia García y del señor Jean Pierre Chiffelle se pudo constatar que efectivamente éstos han hecho uso de prerrogativas tales como días administrativos, licencias médicas y vacaciones; y en el caso de la señora Prieto Rudolphy se le concedieron en forma anticipada 10 días hábiles por concepto de vacaciones previo a cumplir un año de servicio".
Ramiro Mendoza estimó que "corresponde efectuar los reintegros por concepto de honorarios percibidos indebidamente en los días que hicieron uso de los beneficios ya señalados".
Diputado comunista afirma que Ubilla conocía irregularidades
Reaccionó ante el oficio de la Contraloría el abogado de derechos humanos y actual diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, quien asegura que el subsecretario Ubilla, de quien depende políticamente el Programa de DD.HH., estaba en conocimiento de las faltas señaladas.
Ubilla "estaba enterado de todas estas irregularidades, porque personalmente le hice llegar un oficio fiscalizador dando cuenta de todos estos hechos: sobre todo los pagos indebidos de celular que hizo esta dama cuando se encontraba en un curso en el extranjero, todos estos pagos que hizo de vacaciones a personal que estaba a honorarios", afirmó el legislador.
"Las irregularidades que ha detectado la Contraloría deben ser investigadas y sumariadas, y la responsabilidad administrativa debe ser perseguida por parte del Ministerio del Interior", comentó el diputado, que alegó que al mismo tiempo en el programa funcionaba con faltas a la probidad, Lama y Ubilla no quisieron firmar querellas presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
"Había un requerimiento por parte de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos que necesitaba del Programa, que (éste) siguiera adelante con una serie de causas que tenía el subsecretario en estudio", explicó Gutiérrez.
Así, "mientras se requería celeridad en el tratamiento de las causas de derechos humanos, por otro lado estaba esta directora del programa incurriendo en una serie de irregularidades administrativas", alegó.
"Espero que el subsecretario tome medidas contra esta funcionaria", sentenció el parlamentario.
