Una auditoría interna del Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizada entre fines de 2022 e inicios de 2023 advirtió de deficiencias y catalogó la criticidad de lo estudiado con un "alto riesgo" respecto a la ejecución del programa de Asentamientos Precarios.
Se trató de un informe solicitado por la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) que fue realizado entre octubre y noviembre del 2022, y terminado en enero del 2023, según consignó La Segunda, donde se realizó una evaluación a la gestión financiera del programa de Asentamientos Precarios para los años 2021 y 2022.
En la auditoría se estableció que entre 2019 y 2022 desde el programa se transfirió un monto total de 76.607.628.692 de pesos.
Se detalló, además, cómo ha funcionado el programa desde 2011 y los auditores aportaron información sobre la asignación de recursos, explicando que dicho proceso se inicia con la "verificación en el nivel central de la disponibilidad presupuestaria, para luego enviar a regiones las solicitudes con los criterios generales para levantar las propuestas de inversión y ser evaluadas y priorizadas" en mesas técnicas.
Según los auditores, fue posible verificar que el programa estaba instalado y funcionando en regiones y a nivel central y que contaba con "actividades definidas para su ejecución" con "responsables de cada etapa", pero se observaron "debilidades". En este punto, se pidió a la autoridad la "implementación de acciones tendientes a subsanar los hallazgos identificados y a fortalecer la gestión del programa".
Asimismo, se detalla la "criticidad del riesgo" y los hallazgos que se encontraron en el programa, como la "falta de definición de criterios específicos de evaluación para las propuestas de inversión y ponderaciones asociadas a ellos, que faciliten y respalden la toma de decisiones de las mesas técnicas, respecto de la priorización de los asentamientos y tipologías de inversiones y financiar".
EL DETALLE DE LOS HALLAZGOS
Para lograr estos hallazgos, se revisó una serie de decretos y oficios que dieron pie al programa y se advierte que en dos oficios del segundo gobierno de Sebastián Piñera (en enero de 2021 y febrero de 2022) se le solicitó a los directores del Serviu a nivel nacional identificar las inversiones de transferencia de capital para su región, indicando las condiciones generales que deben cumplir las propuestas de inversión, el plazo establecido y los criterios.
En tanto, se afirma que la dinámica de trabajo del programa y la "expertiz" de los equipos involucrados en el proceso de evaluación "no ha hecho que se considere como necesaria la definición de criterios más específicos de evaluación", es decir, esto se traduce en efectos reales y potenciales por estar tomando "decisiones erróneas en base a información incompleta, poco clara o sin base para su evaluación".
Así como también se mostraron reparos "por incumplimiento de instrucciones en la asignación y transferencia de recursos de los Programa Campamentos", y se recomendó a las autoridades "revisar los criterios generales de evaluación y priorización informados anualmente".
Otro punto crítico del informe es la gestión financiera del programa, ya que en las solicitudes de inversión enviadas mediante oficio por cada director del Serviu no adjuntan la "ficha de inversión", lo que era obligatorio, por lo que no se conoce a fondo el detalle de la inversión.
Finalmente, se advirtió de una "falta de control" sobre la información registrada, lo que podría llevar a "decisiones erróneas en base a información poco confiable", además de "inexistencia de elementos mínimos de seguridad en los registros de información", por lo que recomendaron implementar acciones para "mejorar los procesos de asignación y transferencias de recursos".
