La Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó una demanda contra el intendente de Antofagasta, Arturo Molina, y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) por la expulsión de tres universitarios peruanos, supuestamente perseguidos por poseer libros de anarquismo, marxismo y de ciencias sociales.
Este sábado, el presidente de la organización, Rodolfo Noriega, interpuso un recurso de amparo a favor de los estudiantes, que fueron expulsados del país el 26 de enero, contra quienes dice que la PDI realizó un "ilegal e infundado acoso sistemático" por el hecho de llevar consigo dichos textos.
Los jóvenes peruanos ingresaron a Chile el 18 de enero por razones de turismo gracias a la invitación de algunos amigos chilenos que habían conocido en Perú, viaje que también utilizarían para complementar sus trabajos de investigación acerca de la historia de los movimientos obreros del siglo XX.
"La policía realizó un ilegal e infundado acoso sistemático en contra de los estudiantes peruanos, contra quienes presentaron una denuncia por el simple hecho de poseer unos libros de marxismo y ciencias sociales en general. Esta denuncia fue la base para que el Intendente de Antofagasta, Arturo Rosamel Molina Henríquez, dispusiera su expulsión del país, al considerarlos 'propagandistas o incitadores de ideologías' que entiende son contrarias a la estabilidad del país", expone la coordinadora..
Noriega consigna en la demanda que los amparados llegaron desde Tacna a Arica, luego partieron Iquique, para dirigirse finalmente hasta Antofagasta, en un recorrido que hicieron por tramos para conocer distintos lugares. Al bajarse del primer bus que tomaron en Iquique, fueron abordados por efectivos de la PDI, quienes "sin motivo" alguno les realizaron un "extenso interrogatorio callejero" sobre su viaje, que se repitió 15 minutos después.
Detenidos tras un "control rutinario"
Tras el primer encuentro con la policía, se alojaron en Antofagasta en la casa de sus amistades. Luego, el 24 de enero, viajaron a La Serena, donde la PDI "montó un operativo de seguimiento y vigilancia a la casa, hostilizando en forma constante a los amparados, con controles de identidad y seguimientos, inclusive a las amistades de los amparados, así como a vecinos de la casa donde alojaban".
Dos días después, en momentos que los jóvenes realizaban unas compras, fueron intervenidos nuevamente por efectivos policiales que hacían un "control rutinario", quienes los detuvieron y llevaron a la unidad de Policía Internacional de la PDI de la Serena.
En ese lugar, acusa Noriega, un subcomisario volvió a interrogarlos "de forma grosera y prepotente", les "exigió específicamente que declararan cuál es su ideología", y asumiendo que eran anarquistas, "les preguntó si habían participado en eventos" sobre el tema.
Ante la negativa de los amparados, "el subcomisario les dijo que estaban detenidos por no darles mayor información", prosigue el presidente de la Coordinadora, detallando que "luego les señaló que tenían una orden de expulsión en su contra dictada por el intendente de Antofagasta, les filmó una declaración y los amenazó, entre otras cosas, con 'hablar con el lenguaje universal de la violencia (sic)'".
"Fueron amedrentados y no se les permitió alimentarse"
Posteriormente fueron esposados y conducidos en diversos vehículos hasta Arica, desde donde los expulsarían, trayecto en el que "no se les permitió alimentarse, fueron tratados de forma grosera e inclusive se les trató de amedrentar con llevarlos a un cuartel militar en Arica", asegura Noriega.
Asimismo, cuestiona que a estos jóvenes "nunca se les informó acerca de algún hecho específico en el que se basara la medida de expulsión en su contra, y tampoco se les informó o comunicó del derecho que tenían para poder recurrir de dicha orden de expulsión".
"La campaña 'macartista' de la policía y del Gobierno desnuda una vez más la debilidad y precariedad del sistema democrático en Chile poniendo en juego el estado de derecho", criticó Noriega, ratificando que el 11 de abril marcharán conjuntamente con el movimiento estudiantil para apoyar "las justas luchas del pueblo chileno" y " promover la participación del pueblo inmigrante en ellas".
