El Presidente Sebastián Piñera informó que 100 carabineros y 672 militares resguardarán las fronteras de Chile en la zona norte, al dar cuenta del estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde ayer en cuatro provincias debido a la crisis migratoria y de seguridad.
El decreto de la medida fue publicada la última jornada en el Diario Oficial y abarca las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, cada una de las cuales estará bajo el mando de un alto oficial del Ejército que ejercerá como jefe de la Defensa Nacional. Se excluye a las zonas urbanas de las comunas de Arica (en la zona homónima) y de Calama (en El Loa).
"Permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con las policías para controlar la inmigración ilegal, porque además de generar problemas humanitarios, también genera problemas de seguridad, delincuencia y orden público, y además muchas veces es utilizada por bandas de crimen organizado para labores de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y muchos otros males", declaró el Mandatario en La Moneda.
Durante el estado de emergencia policíaa y militares "podrán realizar patrullajes y controles conjuntos, a pie y motorizados, establecer nuevos puestos de observación nuevos, 24/7, desplegar aviones no tripulados, disponer de helicópteros para la vigilancia y traslado, y cámaras de visión nocturna y cámaras técnica, y modernos equipos satelitales de comunicación".
Informó que se dirigen a la zona, específicamente a la comuna de Huara, en la Provincia del Tamarugal (Región de Tarapacá), el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Javier Iturriaga del Campo, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. El objetivo es que estén "en sitio para poder implementar en mejor forma y con la mayor urgencia" la medida.
"SÍ A LA MIGRACIÓN LEGAL"
En su declaración desde Palacio, Piñera remarcó que el fenómeno migratorio "ocurre no sólo en Chile, sino en prácticamente todos los países América Latina, producto de una migración extraordinaria, que es consecuencia de la crisis de Venezuela", la que ha llevado a salir de ese país a más de 6 millones de ciudadanos.
En ese marco, "sí a la migración legal, a quienes vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras, que vienen a iniciar una nueva vida, a integrarse a nuestra sociedad, a aportar al desarrollo de nuestro país y que cumplen nuestras leyes", expresó.
Por el contrario, "no a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados, a quienes tienen antecedentes penales o cometen delitos en nuestro país, a quienes en último término van a causar un daño a nuestra sociedad".
"Chile es un país amistoso y acogedor", enfatizó.
Sin embargo, puntualizó el jefe de Estado, "hay algunos que creen que esto es un problema que se resuelve solamente con voluntad, (pero) este es un problema mundial, y especialmente en estos tiempos en que las migraciones han aumentado significativamente en volumen".
Por ello, en Chile el Gobierno ha impulsado, entre otras medidas, la nueva Ley de Migración y Extranjería, que ya está vigente y permite la "reconducción", es decir, "reconducir a la frontera a aquellos que ingresan ilegalmente", resaltó Piñera. Para aplicar esa medida, se mantienen conversaciones con los países limítrofes, Perú, Argentina y Bolivia. Y de hecho, ya se han realizado más de 100 reconducciones desde la publicación, hace unos días, del reglamento de la nueva ley.
"No basta con denunciar un problema", por lo que "les pido a las autoridades que nos unamos para colaborar en la mejor forma de enfrentar y resolver este problema", exhortó.
El decreto tiene una vigencia de 15 días, prorrogables por el Ejecutivo por otro período de igual duración. Las extensiones posteriores deben ser aprobadas por el Congreso.
Como jefes de la Defensa Nacional fueron designados el general de Brigada Guillermo Altamirano Campos en la Provincia de Arica, el coronel Gianfranco Cassinelli Gorigoitia en Parinacota, el general de Brigada Marco Jaque Cereceda en Tamarugal y el coronel Paulo Verdejo Lagos en El Loa.
ALCALDES DE ANTOFAGASTA CONVERSARON CON PREVENCIÓN DEL DELITO
En paralelo, los alcaldes de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe llegaron hasta Santiago para reunirse con la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, precisamente para abordar la crisis migratoria y medidas de seguridad.
"Esperamos aclarar ciertos temas del nuevo reglamento de migraciones, en temas de recursos, porque muchos hablan de que los recursos están, pero en la ejecución hay que improvisar algunos temas de traslado y otras cosas. Ver las necesidades de cada comuna, de los pasos fronterizos, cuáles son los recursos que realmente tenemos disponibles", comentó antes del encuentro Humberto Flores, alcalde de Ollagüe.
La autoridad agregó que a la fecha "hemos tenido inconvenientes con algunas derivaciones de inmigrantes hacia la localidad fronteriza de Bolivia, y también con el traslado de ellos, ya que no tenemos los vehículos disponibles para ese trayecto".
Luego de la conversación, que se extendió por más de dos horas, Gómez reportó que "pudimos ver detalladamente el cumplimiento de distintos compromisos que hemos adoptado como Gobierno, que se han ido implementando en su totalidad en todas las regiones del norte", entre las cuiales "vimos que entró en vigencia el estado de excepción en el norte, que implica un importante reforzamiento en materia del control fronterizo".
El estado de excepción fue anunciado el fin de semana por el Gobierno, tras reuniones con autoridades regionales, policías y gremios de camioneros, en medio de la paralización y bloqueos de rutas que realizaban estos últimos en varias regiones del país, en protesta tras el asesinato del joven conductor Bayron Castillo, presuntamente a manos de tres ciudadanos venezolanos, en el camino entre Antofagasta y Mejillones.
"Tuvo que suceder una tragedia para que pudiéramos colocar esta situación en carácter urgente. Tuvo que pasar un desenlace con anterioridad de nuestro compañero Bayron, que fue también en el interior de la provincia de El Loa, una familia que también fue asesinada. Tuvo que generar una serie de situaciones para que se pudiera concretar un decreto de excepción, del que tenemos ciertos reparos con respecto a su temporalidad", comentó Eliecer Chamorro, alcalde de Calama.
"Sin embargo, debemos reconocer que fuimos escuchados por la subsecretaria: hay una muy buena voluntad de poder consolidar un equipo de trabajo interesante, de acuerdo a los anhelos que tenemos como comuna, (pero) creo que los tiempos están bastante acotados, sobre todo pensando en la nueva Administración", añadió el jefe comunal.
LA MIRADA PARLAMENTARIA
Desde el Senado, el UDI José Durana sostuvo que "el Gobierno ha reaccionado positivamente frente a la demanda de la ciudadanía", destacando que "junto a este estado de excepción, viene la aplicación de la nueva Ley de Migraciones, y (espero que) la reconducción sea sin titubear".
A su vez, su correligionaria Luz Ebensperger indicó que "si bien yo valoro esta medida, creo que no es suficiente; debiera haberse dictado estado de emergencia también en la Provincia de Iquique, es decir, en las ciudades de Iquique y Alto Hospicio. Aquí se ha actuado por lo que pasó en Antofagasta, pero en la Región de Tarapacá venimos viviendo esto hace más de un año".
Por su parte, el opositor independiente Pedro Araya estimó que lo resuelto por el Ejecutivo "da cuenta una vez más del abandono y la poca preocupación que ha tenido el Presidente por el norte de Chile".
"En reiteradas ocasiones le planteé al ministro del Interior y al subsecretario del Interior que estábamos teniendo un problema con la cantidad de migrantes que ingresaban en forma irregular. Declarar estado de excepción constitucional es una medida que llega tarde, una aspirina que no va a solucionar el problema de fondo", aseveró.
