El Juzgado de Garantía de Cañete dejó en prisión preventiva a Miguel Ángel Llanquileo Cona y a Eric Maximiliano Montoya Montoya, detenidos el jueves en Tirúa a bordo de un vehículo robado y en posesión de armas y material de guerra.
Luego de que el viernes se ampliara su detención, ambos sujetos fueron formalizados el lunes por delitos de receptación de vehículo motorizado, posesión ilegal de arma de fuego, de municiones convencionales, de munición de guerra y de material de uso bélico.
El juez Cristián Rosenberg ordenó su ingreso a prisión "por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y por peligro de fuga", fijando además un plazo de investigación de cinco meses, informó el Poder Judicial.
Según expuso la Fiscalía en la audiencia, alrededor de las 14:40 horas del jueves 16 de noviembre, en cumplimiento de una orden de entrada y registro autorizada por el citado tribunal, funcionarios de Carabineros ingresaron a una propiedad ubicada en el sector El Malo de la comuna de Tirúa (Provincia de Arauco, Región del Biobío).
En el lugar se encontraban Llanquileo Cona y Montoya Montoya en posesión de una camioneta con patente falsa y que mantenía encargo por robo en la comuna de Chiguayante.
Además, al revisar una caseta adosada al inmueble principal, la policía halló e incautó una subametralladora calibre 9x19 milímetros, una carabina 7.57 milímetros, 410 municiones de diversos calibres (353 de las cuales corresponden a uso militar), dos granadas de uso militar, un chaleco antibalas, seis cartuchos usados de diversos calibres, una radio portátil, un celular y dos lienzos de la organización Weichán Auka Mapu, entre otras especies.
El fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, explicó que la receptación del vehículo fue "la génesis o el origen que permitió la diligencia intrusiva", y que el manejo ilegal de material de uso bélico contempla "pena de crimen", lo que incidió en la definición de la medida cautelar aplicada.
"Sin perjuicio de lo relevantes que resultan los hallazgos vinculados a armamento, munición, material de uso bélico, también se levantaron estos dos lienzos asociados a una orgánica que se ha adjudicado varios hechos delictivos tanto en esta Región (Biobío) como en la Novena (Araucanía). Este hallazgo nos va a permitir, indudablemente, desde la perspectiva de los peritajes a los que fue sometido el armamento, la posible vinculación que pudiese tener con otros hechos delictivos; estos hallazgos son muy relevantes para ir reforzando otras investigaciones que se llevan tanto en esta región como en otras y ver si, en definitiva, existen o no vinculaciones entre estos sujetos" con otros crímenes, indicó Ramos.
La formalización de este lunes fue "bastante clara y precisa, por hechos bien determinados, pero insisto en que estos hallazgos son muy importantes para poder reforzar otras indagatorias y ver hasta dónde nos permiten también individualizar a posibles partícipes en otros hechos delictivos", enfatizó el persecutor.
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicaba el viernes que "las granadas y subametralladoras son armamentos que, bajo ningún respecto, civiles las pueden portar; no son estos armamentos para los que usted pudiera tener un permiso". Por ello, se califican como "armas prohibidas".
En cuanto a su vínculo con Weichan Auka Mapu, "somos muy prudentes: no nos vamos a poner a hablar ni de que si son líderes, si son miembros ni nada. Tenemos que ser muy prudentes e investigarlo", agregaba Cartagena.
Según trascendía dicha jornada, uno de los objetivos de la investigación es determinar si el armamento incautado fue utilizado en el atentado del año pasado contra el Molino Grollmus, en que un adulto mayor resultó gravemente herido. Dicho ataque fue calificado como "terrorista" por el Presidente Gabriel Boric.
