El religioso habría cometido una serie de abusos sexuales contra alumnos de dos colegios entre la década del 70 hasta el año 2008.
Lo primero que buscará establecer el fiscal es qué tipo de delitos sexuales se habrían cometido.
Abel Pérez se encuentra actualmente en una residencia de la Congregación en Perú.
El fiscal jefe de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Metropolitana Sur, Guillermo Adasme, inició las primeras diligencias por la denuncia contra un integrante de la Congregación de los Hermanos Maristas, Abel Pérez, por abusos sexuales contra menores.
Según los primeros antecedentes, el religioso habría cometido una serie de abusos sexuales contra alumnos de dos colegios -Instituto Alonso de Ercilla y Marcelino Champagnat- de la comuna de La Pintana desde la década del 70 hasta el año 2008.
El persecutor aclaró que lo primero que busca establecer es qué tipo de delitos sexuales se habrían cometido, por lo que iniciará interrogatorios para definir los hechos y también el rol que tuvo Pérez.
El fiscal Adasme explicó que "lo que se denunció acá fueron situaciones que tendrían o serían delitos sexuales, no se especifica ni el número ni el tipo de delitos sexuales, puede ser desde un simple abuso hasta uno de los delitos más graves que puede haber dentro de este ámbito".
"Bajo ese contexto evidentemente es donde tenemos que valorar la prescripción, dependiendo del tipo de delitos y, además, del tipo de afectados", remarcó el persecutor.
En tanto, desde la Agrupación No Más Abuso Sexual Infantil, su presidenta, Claudia Guerrero, dijo que es importante que las presuntas víctimas colaboren en la causa. "Nosotros hicimos llegar el llamado de que lo hicieran, porque con esto se tiene que terminar con la impunidad en la que están muchos curas hoy en día".
Abel Pérez se encuentra actualmente en una residencia de la Congregación en Perú y el fiscal aseveró que su ubicación no es determinante para el curso de la indagatoria.
Desde la Iglesia Católica, en tanto, criticaron a la congregación por demorar siete años en denunciar los eventuales delitos que el propio Pérez confesó antes de ser enviado al país vecino.
