Juan Francisco Villalobos estaba prófugo de la justicia.
El caso ha reforzado la ofensiva opositora para revertir los beneficios otorgados en el marco del estallido social a personas con antecedentes penales.
Juan Francisco Villalobos, beneficiario de una pensión de gracia como víctima de presuntas torturas en el estallido social, fue detenido en la noche del martes, luego de que en 2022 se ordenara su captura por el delito de estafa.
Villalobos, de 37 años, recibió el beneficio otorgado por el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el marco del estallido social, por lo que recibió la pensión de gracia durante 2022, incluso mientras se encontraba prófugo, consignó La Tercera.
Según el medio Ex-Ante, entre abril y diciembre pasado recibió nueve pagos de pensión que sumaron, en su conjunto, 5,6 millones de pesos.
Sobre Villalobos pesaba una orden de detención emanada por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por el de estafa y otras defraudaciones.
El acusado ya había sido detenido en 2019 por desórdenes públicos y robo en supermercado, caso por el que quedó en libertado.
El control de detención se realizará este miércoles.
Esta situación ha reforzado la ofensiva de la oposición para tratar de revertir las pensiones otorgadas durante el actual Gobierno a personas con antecedentes penales.
Desde la oposición, el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional) fustigó que "esta persona no tiene acreditada su calidad de víctima. Es más: estaba cometiendo delitos en el contexto del estallido social. Se le dobló la pensión de gracia cuando estaba prófugo de la justicia. Más de 6 millones de pesos ha recibido hasta ahora".
"Le decimos al Gobierno muy claramente: las indicaciones que presentaron, que tienen como objetivo no revocar ni dejar sin efecto las pensiones de estos delincuentes, nosotros no las vamos a apoyar. Hoy día, más que nunca, tenemos que dar una señal clara a la ciudadanía que a los delincuentes no se les subsidia, no se les mantiene y menos con recursos públicos a todos los chilenos", agregó.
Longton hizo alusión a las propuestas del Ejecutivo ingresadas a la tramitación del proyecto -impulsado por la oposición- que busca modificar las normas generales para el otorgamiento de pensiones de gracia, que se tramita en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja, donde el oficialismo es minoría.
El Gobierno ingresó una indicación sustitutiva que apunta a garantizar que se tengan a la vista los antecedentes penales de las y los solicitantes por parte de la comisión asesora presidencial y la posibilidad de que el Presidente de la República pueda revocar la pensión de gracia en caso de que el beneficiario, posteriormente, sea condenado por algún crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
Es decir, las pensiones ya entregadas no se tocarán.
Al respecto, el diputado Héctor Barría (PPD) sostuvo que la iniciativa "tiene el sentido, evidentemente, de mejorar la normativa respecto a las pensiones de gracia, pero esto no se va a completar y no va a quedar bien hecho en la medida que no nos hagamos cargo, fundamentalmente el Gobierno, de los errores que ha cometido".
"Cada día, lamentablemente, nos encontramos con casos de pensiones de gracia mal otorgadas, es decir, estamos financiando a verdaderos delincuentes con recursos públicos. Mientras las indicaciones no apunten a revocar esas pensiones de gracia mal otorgadas, este proyecto de ley no va a quedar bien", advirtió.
Por su parte, el diputado Daniel Melo (PS) planteó que "en estas materias uno tiene que estar con la ciudadanía. Las señales que damos, sobre todo en el contexto en materia de delincuencia que tenemos hoy día, yo creo que la sociedad no puede privilegiar a personas que han cometido crímenes, como, por ejemplo, homicidios. Yo creo que esto es una decisión que tiene que estar por sobre las ideologías".
"El Gobierno debió ser mucho más taxativo en prohibir el otorgamiento de las pensiones de gracia para personas que tienen antecedentes penales cuando se trata de homicidios", cerró.
Su par de Comunes Claudia Mix, quien votó en contra de la idea de legislar en la comisión, sostuvo que "el punto de inflexión tiene que ver con el hecho de que estas sean retroactivas, porque el foco está puesto más bien en las pensiones de gracia entregadas después del estallido, en primera instancia informadas por el INDH, que entrega los antecedentes para la postulación".
Asimismo, le recriminó al Gobierno que "no puede entregar una indicación de esa naturaleza cuando sabes que vas a perder".
En tanto, la diputada comunista Karol Cariola opinó que, "en principio, me parece bien que se revisen mecanismos para revertir a quienes están haciendo mal uso de los recursos que el Estado entrega cuando se trata de una pensión de gracia, y que se revise porque no se puede estigmatizar a todos y todas las personas".
Más tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, puntualizó que al ser el otorgamiento de una pensión de gracia "un acto administrativo, así como se hace, se puede deshacer, se puede revertir en principio", pero -advirtió- "muy probablemente si se revierten, de hecho así ha sido en el pasado, eso se podría judicializar".
El subsecretario Manuel Monsalve que "si bien hay que esperar al debate legislativo, la ley en general no actúa de manera retroactiva", y por ello "el Presidente nos ha pedido revisar la situación de las pensiones de gracia respecto a antecedentes penales para evaluar".
"Pero tenemos la convicción jurídica de que legislar en esta materia es una facultad exclusiva del Ejecutivo (...) Por lo tanto, hemos presentado una indicación sustitutiva bajo la convicción de que es la única forma de que el proyecto de ley esté dentro del marco de la Constitución y se pueda legislar", remató.
SENADORA UDI QUIERE DARLE ATRIBUCIÓN A CÁMARA BAJA
No obstante, senadores ingresaron una reforma constitucional para otorgarle a la Cámara Baja la atribución de anular pensiones de gracia ya entregadas.
Luz Ebensperger (UDI), una de las impulsoras, explicó que la propuesta "establece que un cuarto de los diputados puede solicitar que se revoque una pensión de gracia cuando esta ha sido otorgada contraviniendo los requisitos, o cuando la persona que se ha visto beneficiada haya estado condenada al momento de su otorgamiento, o que después de haberla recibido obtenga esa condena".
"La Sala resuelve en mayoría simple, porque la ley de pensiones de gracia no tiene quorum", acotó la parlamentaria.
