La estafa piramidal de AC Inversions que afectó al menos a 5.000 chilenos que entregaban mensualmente sus ahorros buscando rentabilidad rápida, generó una serie de interrogantes en el mundo económico y político respecto a la regulación que poseen las entidades financieras.
Según los expertos, falta educar a la población en esta materia, pero también políticas que regulen los fraudes y estafas millonarias.
Para el abogado Ramón Sepúlveda, los funcionarios públicos, en particular de la Unidad de Análisis Financieros, no cumplieron con su deber fiscalizador, porque desde hace meses hubo denuncias contra AC Inversions.
El abogado cuestiona los motivos del por qué los funcionarios públicos de la Unidad de Análisis Financiero de cualquier otros servicios públicos que tuvieran información, "estaban realizando estas defraudaciones o al menos ejerciendo la captación de dinero de terceros sin autorización, que es delito en otro sistema", dijo
Asegura que "no se denunció oportunamente" y eso generó que "muchas víctimas fueran estafadas, además haber hecho una denuncia eventualmente podría haber permitido que el Ministerio Público actuara con mayor rapidez", apuntó.
Responsabilidades que también recaen en una legislación que actualmente no fiscaliza las conductas criminales, motivo que las hace quedar fuera del marco de la ley y carecer de legislación.
Regulación
Según el ex superintendente de Bancos Carlos Budnevich es posible mejorar el monitoreo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), pero requiere de recursos.
"Lo que creo que se puede intensificar el monitoreo de los reguladores para identificar aquellas instituciones que están operando en el marco que les está reservado solamente en el caso de los bancos", dijo.
"Ellos pueden captar exclusivamente dinero del público, no podría haber otra institución fuera de los bancos que capten dinero del público. Obviamente sería interesante tener un cierto esquema de monitoreo, eso requiere recursos", agregó.
Por ley solo los bancos pueden captar dinero de sus clientes, y en el caso de la empresa AC Inversions al no ser una entidad bancaria no estaba dentro de esta fiscalización.
Maniobras hechas para "defraudar la ley"
En esa línea, el ex superintendente de Valores y Seguros Álvaro Clarke sostiene que estas estafas no se pueden regular, ya que por definición son maniobras hechas para defraudar la ley.
"Las estafas por definición no se pueden regular. Es impensable que un estafador que crea una pirámide además vaya a registrar esta pirámide en la Superintendencia de Bancos", explicó.
"Es un cometido ilícito que se hace de manera oscura por gente que busca no ser descubierta por la autoridad", recalcó.
Para el especialista se debe "preparar a la gente" debido a las múltiples decisiones financieras que debe afrontar, para que "sepa distinguir cuándo está frente a una situación completamente real como esta".
En tanto, para Mauricio Baquero, experto en derecho económico de la Universidad Andrés Bello, falta una ley en Chile que permita al Estado incautar los bienes y proceder al cierre de empresas piramidales cuando serán detectadas.
"La pregunta está si el Estado chileno debería o no vigilar que no existan instituciones que con fachadas de instituciones financieras realicen operaciones como esta de captar recursos, tenga la suficiente capacidad para intervenir y cerrar el negocio. Como riesgo esto existe en otros países", planteó.
Los expertos coinciden que la ley no regula al mercado no organizado, como lo fue en el caso de la compañía liderada por Patricio Santos, quien se vio impedido de continuar con los pagos, derrumbándose la pirámide.
