Será trasladado a la cárcel de Copiapó junto a Camila Morales Campillay, una mujer mayor de edad que lo acompañaba al momento de su detención.
Al autodeterminado “insurrecto” se le sumó la causa de conducción de vehículo bajo los efectos del alcohol y drogas.
El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó esta mañana la prisión preventiva de Luis Castillo Opazo, uno de los 12 "presos del estallido" indultados hace un año por el Presidente Gabriel Boric, luego de ser formalizado por secuestro extorsivo y robo con violencia.
El autodenominado "insurrecto" fue detenido la noche del jueves en una estación de servicio de Copiapó, Región de Atacama, junto a tres mujeres –dos menores de edad- por la retención de un hombre encontrado al interior del maletero de su vehículo, el que fue robado y conducido por Castillo.
Dado lo anterior, el Ministerio Público interpuso una querella por el delito de secuestro, la que fue acogida por el tribunal. Igualmente, se le agregó el ilícito de conducción de vehículo bajo los efectos del alcohol y drogas.
Asimismo, Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el "insurrecto" y Camila Morales Campillay, la mujer mayor de edad que se encontraba con él al momento de la deteción. Mientras que para las menores se solicitó reclusión domiciliaria.
La petición fue acogida por el tribunal y se decretó la medida cautelar por considerar riesgo de fuga y peligro para la sociedad a Castillo y Morales, los que serán trasladados a la cárcel de Copiapó durante los cuatro meses de investigación
Luego de la solicitud de la @FiscaliaAtacama, Tribunal decretó la prisión preventiva de los imputados adultos y el arresto domiciliario total de las detenidas adolescentes, quienes fueron formalizados por el delito de secuestro extorsivo y robo con retención de personas. pic.twitter.com/mYIy0LvwIZ
— Fiscalía Atacama (@FiscaliaAtacama) December 16, 2023
Por su parte, el fiscal jefe Christian González precisó sobre las diferentes versiones del hecho y la investigación que llevará adelante el Ministerio Público, asegurando que "la Fiscalía hasta ahora tiene una teoría acreditada, no son sólo los dichos de la víctima; se expuso claramente vídeos, audios, registros de Whatsapp, georreferenciación, y esos elementos fueron contundentes y el tribunal los acogió".
Asimismo, señaló que "hay otra tesis que también vamos a investigar con objetividad. Hasta ahora está acreditada la versión de la víctima y nos corresponde investigar todas las versiones. Ya escuchamos la de la imputada adulta (Morales) y ahora vamos a escuchar la del imputado adulto (Castillo)".
"No hemos desestimado esas versiones y en su oportunidad vamos a seguir nuestra teoría del caso o la vamos a corregir según esos dichos", afirmó.
En tanto, se espera que entre lunes y miércoles de la próxima semana, Luis Castillo de su declaración, ya que, no estaba en condiciones de hacerlo el día de su detención.
La situación del "insurrecto", reabrió el debate y la polémica de los indultos que promulgó el Presidente Boric a finales de 2022, donde liberó a 12 personas que cumplían condena por delitos en contextos del estallido social y fueron puestos en libertad, aunque algunos contaban con prontuario delictual previo.
Dado lo anterior, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), manifestó que "esto constituyó un error en el caso particular de Luis Castillo, pero además también hay que hacer presente que esto tuvo consecuencias, esto no es que se indultó y no pasó nada. Hay que recordar que se fue la ministra de Justicia (Marcela Ríos) y se fue el jefe de Gabinete del presidente (Matías Meza-Lopehandía). Creo que es muy lamentable la situación, pero la verdad de las cosas es que los antecedentes que tenía el señor Castillo uno podría haber visualizado que era altamente probable que él volviera a cometer un delito", manifestó.
No obstante, destacó que el Gobierno sea parte querellante porque "ha tenido una demostración clara de que está actuando con claridad y que está actuando con bastante firmeza en materia de seguridad pública. Y haber presentado una querella significa que el Ejecutivo también es parte interviniente en esta investigación".
Por su parte, el exfiscal nacional Carlos Gajardo fue más duro y sostuvo en el Diario de Cooperativa que "la probabilidad de que esas personas pudieran reincidir en algún momento siempre iba a estar. Fue un error evidente y el Gobierno está pagando las consecuencias de ese error".
Asimismo, cuestionó la facultad de indultar, ya que, "cuando el sistema en su conjunto funciona, la fiscalía acusa, los tribunales se pronuncian, los casos van a la corte y se resuelven, y por lo tanto se establece una sentencia condenatoria en contra de una persona que termina estando en la cárcel por delitos graves, no me parece adecuado que exista la facultad de que un solo sujeto, aunque sea el Presidente de la República, tenga la facultad de dejar todo aquello sin efecto, igual que el rey medieval",
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