El abogado del Área de Protección de Unicef Chile, Anuar Quesille, cuestionó la denominada "detención ciudadana" que sufrió un adolescente en el centro de Santiago, quien luego de intentar asaltar a un anciano quedó semidesnudo y fue amarrado con film plástico a un poste.
En conversación con Lo que Queda del Día, el abogado que el Estado es el único que puede privar el derecho a la libertad de las personas y calificó como "inhumano" el trato al que fue sometido el joven.
"Hay una cuestión de derechos fundamentales: cuando una persona comete un delito, el derecho que se priva por la comisión del delito es el derecho a la libertad y ese deber de respetar el derecho a la libertad o de juzgar el derecho a la libertad solamente lo puede hacer el Estado mediante la Justicia. Los particulares tienen el deber de respetar los otros derechos que están consagrados y en ese sentido hace falta un cambio de mentalidad en la sociedad", dijo Quesille.
Además enfatizó que las personas que participaron de la situación que involucró al adolescente cometieron un delito y que el adolescente afectado incluso pudo efectuar la denuncia correspondiente.
"Ellos, claramente en caso que así se determine y en caso que se hicieran las denuncias pertinentes, estarían cometiendo el delito de lesiones que está claramente tipificado en el Código Penal. El tema no siguió más adelante porque el mismo adolescente, cuando fue puesto en libertad, puesto que ninguna de las personas que lo detuvo quiso hacer una denuncia, y por lo tanto el caso no prosperó, él tampoco quiso hacer denuncia contra sus captores, y por eso fue dejado en libertad, pero perfectamente él podría haber interpuesto una denuncia ante las autoridades competentes por el delito de lesiones", enfatizó el jurista.
Anuar Quesille explicó que una detención ciudadana se puede realizar en casos de flagrancia, pero sin causar ningún tipo de daño físico y psíquico al detenido, lo que en este hecho no ocurrió, por lo que consideró que aquí se produjeron tratos inhumanos.
"Estamos en presencia de un acto de tratos inhumanos que están prohibidos por la Constitución y que están prohibidos por una serie de tratados internacionales que están vigentes en Chile y al final se transforma en un círculo vicioso, porque la gente que detiene a una persona que ha cometido un delito clama por justicia, pero para activar el mecanismo del circuito de justicia se necesita hacer las denuncias respectivas que en este caso no ocurrió", indicó.