Diputados aprobaron leer la controversial declaración de la Cámara del 73 contra Allende

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Autor: Cooperativa.cl

La petición de rememorarla la formuló Chile Vamos y fue aprobada al inicio de la sesión en Sala de este martes gracias a la baja concurrencia de parlamentarios.

El gesto fue ampliamente criticado por parte de los partidos oficialistas y también contó con el rechazo de la Democracia Cristiana -que en 1973 apoyó el referido acuerdo-.

La diputada comunista Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, denunció con vehemencia una "indecencia negacionista".

Diputados aprobaron leer la controversial declaración de la Cámara del 73 contra Allende
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En paralelo, la Cámara Baja votará mañana una resolución promovida por el Partido Comunista para expresar el rechazo de la Corporación al acuerdo visado el 22 de agosto de 1973, tres semanas antes del golpe.

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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó volver a leer la declaración que aprobó la instancia, en 1973, en la que declaró "inconstitucional" el gobierno del fallecido exPresidente Salvador Allende.

El gesto de hoy rememora la votación de hace exactos 50 años, ocurrida el 22 de agosto de 1973, cuando se denunció por parte de la entonces Democracia Cristiana y el disuelto Partido Nacional (cuyos dirigentes luego fundaron Renovación Nacional) el "grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República" por parte del Gobierno de la Unidad Popular.

El carácter controversial del documento está dado por su utilización por algunos sectores para justificar el derrocamiento de la administración Allende, concretado tres semanas después por las Fuerzas Armadas, que dio inicio a los 17 años de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. 

La solicitud de volver a leer esta declaración fue formulada hoy por los partidos de Chile Vamos mediante una carta dirigida al presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes (DC), originando una sesión con los ánimos caldeados, que tuvo que ser suspendida por algunos minutos. 

En la misiva, las bancadas de derecha invocaron "el Artículo 97 N° 14 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados", cuyo escrito dice que "quienes suscriben la presente solicitud venimos en manifestar nuestro más absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época, la que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República durante el gobierno del ex Presidente Salvador Allende Gossens". 

La carta añade que "en esta oportunidad, a exactos 50 años de aquel importante momento, solicitamos que cada uno de los petitorios que fueron suscritos puedan ser recordados y leídos de forma íntegra durante la presente sesión".

Esta petición fue aprobada debido a la baja concurrencia de parlamentarios al momento de la votación, lo que fue criticado por parte de los partidos oficialistas y también contó con el rechazo de la misma DC. Obtuvo apenas 50 votos, pero dada la escasa presencia de los diputados de otros sectores en el momento, alcanzó el nivel necesario para ser visada.

Tras aprobarse la solicitud, el prosecretario general de la Cámara, Juan Pablo Galleguillos, leyó íntegramente ante la Sala el documento aprobado hace media siglo, mientras parlamentarios de oposición mostraron fotografías en blanco y negro de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

MAÑANA SE VOTA RESOLUCIÓN PC CONTRA DECLARACIÓN DE 1973

En paralelo, hace algunas semanas la bancada de diputados del Partido Comunista ingresó un proyecto de resolución cuyo objetivo es que la actual Cámara Baja exprese su condena al referido acuerdo de la Corporación de 1973, "rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República".

Sostienen que aquella votación "sirvió de fundamento y antecedente para el real quebrantamiento del orden constitucional", que ocurrió el 11 de septiembre de ese año, por lo que proponen esta nueva declaración "como forma de reparación y de reivindicación de los principios del Estado de derecho, el resguardo de la democracia y el orden legal y constitucional de la República".

Esa votación está en la tabla de la sesión de mañana miércoles. 

El diputado Luis Cuello (PC) dijo que "en ningún caso la historia va a validar una conducta inconstitucional que sirvió de fundamento a los golpistas para emprender esta acción de fuerza en contra del gobierno de la Unidad Popular".

"El proyecto de acuerdo de agosto del año 73 es una verguenza histórica para el Congreso Nacional y por lo tanto la aprobación del proyecto de acuerdo que hemos presentado para condenar esta resolución constituiría una reparación histórica a la imagen y al prestigio democrático de la Cámara de Diputados", precisó.

"VÁYANSE A LA MIERDA CON SU INDECENCIA NEGACIONISTA"

La situación fue deplorada por la diputada comunista Lorena Pizarro, otrora presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien acusó a la derecha de negacionismo y de querer defender a "torturadores y genocidas" que participaron de la dictadura.

"En el sector de la derecha hay varios familiares de torturadores y genocidas, parece que están defendiendo a sus familias. Bueno, nosotros defendemos la vida, nuestras familias y a nuestros compañeros y compañeras", afirmó la parlamentaria en un punto de prensa.

"Váyanse a la mierda con su indecencia negacionista que reivindica el golpe (de Estado)", fustigó Pizarro, quien hizo mostrar con vehemencia su indignación.

Desde la derecha, el diputado Stephan Schubert (independiente de la bancada de Republicanos) criticó que "se hizo una lectura que no pudimos escuchar porque (los congresistas del oficialismo) estuvieron todo el tiempo de pie, con pancartas, con fotografías, gritando, impidiendo que se leyera el texto".

Según el ultraderechista, "ésta es una tensión que ha sido propiciada por un Gobierno que lleva todo un año en una campaña de los 50 años y que nos lleva a esto: a polarizarnos".

El también republicano Cristián Araya planteó que "la resolución del 22 de agosto de 1973 fue impulsada por la Democracia Cristiana y apoyada por la mayoría de este Congreso y describe el proceso de degradación institucional, el quebrantamiento del orden constitucional y legal y la violación de los derechos humanos que sufrían los chilenos durante el gobierno de Salvador Allende".

"Debe conocerse y no esconderse, cerrar los ojos no hará desaparecer un pasado que a lo menos debe avergonzarle a la extrema izquierda chilena", agregó el parlamentario.

En tanto, el diputado oficialista Cristián Tapia (independiente de la bancada del PPD) reprochó a la oposición: "El que se rían, el que se mofen con lo sucedido, varios que hacían 'váyase', aplaudían, se mofaban con los dedos, su actitudes, ahí está la provocación dura y pura".

"ACTITUD MISERABLE Y PROVOCADORA"

Más tarde, desde la Cámara Alta el senador socialista José Miguel Insulza reflexionó sobre las intenciones de los diputados derechos al promover la relectura del controvertido acuerdo de hace 50 años, tres semanas antes del golpe.

"No puedo dejar pasar mi protesta más vehemente por la actitud miserable y provocadora con que algunos diputados leyeron esta mañana un acuerdo, pasado por la Cámara de Diputados hace 50 años", exopresó primero.

Luego, planteó que "es perfectamente posible, y lo acepto, que algunos diputados que en esa ocasión aprobaron ese proyecto no previeran que se estaba dando legitimidad a un golpe de Estado criminal, que terminó con la destrucción del Palacio de La Moneda, la muerte del Presidente de la República y el asesinato vil de numerosos chilenos".

"Pero los que lo hicieron hoy -advirtió- saben lo que ocurrió y, sin embargo, lo hicieron igual. Es grave que pocos días antes del aniversario del golpe, hay quienes aún lo festejan de esa manera".

La dictadura cívico militar estuvo en el poder entre 1973 y 1990, período durante el cual se encarceló y desapareció a disidentes del régimen de Pinochet en diversos centros de detención y torturas clandestinos a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con el informe elaborado en 2011 por la Comisión Valech, en Chile hubo 40.018 detenidos por motivaciones políticas, 3.065 de ellos muertos o desaparecidos.

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