La diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez descartó renunciar a la vicepresidencia de la Cámara Baja tras la presentación este lunes de una moción de censura en su contra por parte de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) a raíz del polémico convenio firmado por el exseremi del Minvu en Antofagasta, Carlos Contreras, con una fundación representada por su pareja, Daniel Andrade.
Durante una conferencia de prensa en el Congreso Nacional esta tarde, Pérez señaló que "me han preguntado sobre la alternativa de renunciar. Uno renuncia cuando ha cometido un error, cuando no ha obrado bien. Y, en este caso, no ocurre ninguna de las dos cosas. Yo no he cometido ningún error aquí ni tengo absolutamente ninguna responsabilidad que asumir sobre mis hombros. Esta es una responsabilidad que tienen que asumir terceros y que yo no acepto se me endosen ni política ni administrativamente a mí".
"Me gustaría aclarar y aclararles a la ciudadanía que no tengo absolutamente tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos, exfuncionarios de la administración del Estado", insistió Pérez.
"No me parece bien, no estoy disponible a tolerar y aceptar, que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros. Yo he construido una carrera política que todos ustedes pueden revisar con muchísimo esfuerzo, basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de probidad y transparencia, e incluso más allá de lo legal, y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano, en eso no puede haber dobles discursos", agregó la legisladora.
La diputada sostuvo que el hecho fue un "error de juicio político grave", por lo que los responsables, que son los firmantes del convenio, Carlos Contreras y Daniel Andrade, "tendrán que responder políticamente como corresponde".
Por otro lado, señaló también que existe un procedimiento abierto al interior Revolución Democrática, con el que "se cursaron también las responsabilidades políticas (de los involucrados) en términos de sus expulsiones de sus cargos dentro de la administración del Estado, y eso, me parece pertinente".
APROVECHAMIENTO POLÍTICO
Pérez insistió que la situación es un aprovechamiento político, ya que "cuando se busca endosarme a mí por responsabilidades de actos de terceros, y no solamente a mí, sino que hacer responsable a toda la mesa por actos que no nos involucran en ningún caso, al no tener ninguna injerencia, participación o interés, me parece que la única explicación posible es que aquí hay un aprovechamiento político", remató la diputada.
La postura de la diputada fue desestimada por su par Jorge Alessandri (UDI), quien aseguró que "es un hecho que la pareja (de Pérez) dirige una fundación en Antofagasta y es un hecho que su exasesor legislativo le asigna una subvención de 400 millones de pesos".
"Entonces, la pregunta que se hace la ciudadanía es la Fundación Democracia Viva ¿se habría ganado los 400 millones si no fuera dirigida por la pareja de la diputada y vicepresidenta Catalina Pérez?", cuestionó el parlamentario opositor.
