Proyecto plantea que cerca de 11 mil funcionarios públicos fueron despedidos sin justificación.
Iniciativa obtuvo 65 votos a favor, 39 en contra y una abstención.
Propuesta fue impulsada por la diputada Karol Cariola (PC).
Un grupo de diputados de la Nueva Mayoría presentó un proyecto que busca reconocimiento y reparación para funcionarios públicos exonerados durante el Gobierno de Sebastián Piñera.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Karol Cariola (PC) junto a un grupo de parlamentarios y aprobado este martes por la Sala de la Cámara Baja, cerca de 11 mil trabajadores del sistema público fueron despedidos "sin ninguna justificación basada en el desempeño laboral de los perjudicados".
El proyecto, que recibió 65 votos a favor, 39 en contra y 1 abstención, es una propuesta enviada a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para que se adopten todas las medidas necesarias para reparar esta situación y revalorar a los trabajadores de la administración pública despedidos durante la administración de Piñera.
Se pide determinar el número exacto de funcionarios despedidos bajo condiciones arbitrarias, considerando sus calificaciones, la función que ejercían al momento de su desvinculación, el régimen contractual al que se encontraban sujetos y su reemplazo en la misma función.
Además se indica que "por imperativo ético del Estado", deben crearse instancias de reparación para los exonerados sin justificación. Como primera y más urgente medida, se propone el reintegro laboral al servicio público, en las mismas condiciones de antes de la exoneración.
Se agrega una reparación económica por ingresos no percibidos, pérdida patrimonial y lagunas previsionales entre otros efectos graves. En tercer lugar se pide una reparación moral por haber sido afectados en su trayectoria funcionaria. Y por último, otorgar el aval del Estado para conseguir un crédito blando que les permita solventar el endeudamiento que debieron asumir.
El texto exhorta al Ejecutivo a generar mecanismos y adoptar soluciones para construir estabilidad laboral para sus funcionarios, "la que se ha visto profundamente vulnerada merced a los débiles regímenes contractuales bajo los cuales desarrollan sus funciones los trabajadores del sector público, particularmente mediante las figuras de contrata y el contrato a honorarios".
