El abogado Alejandro Peña, ex jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, afirmó este jueves ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que los antecedentes planteados durante la formalización de cargos contra los 10 primeros imputados del caso Penta permiten dar por acreditada la existencia de una "asociación ilícita criminal", delito que no ha sido consignado en la causa.
Peña participa en la formalización como representante del empresario Jorge Charbin Lautaris, quien se querelló contra los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, acusándolos por los delitos de estafa y apropiación indebida a propósito de la absorción de la Vidriería La Argentina, de la que era dueño y terminó perdiendo tras asociarse con Penta Capital de Riesgo.
"Estos hechos son parte de la misma máquina de defraudar que hemos conocido y por los cuales los imputados fueron formalizados (por la Fiscalía). Sin embargo, a nuestro juicio, los hechos de los que da cuenta la formalización configuran -además de los delitos signados- el delito previsto y sancionado en artículo 292 (del Código Penal)", afirmó Peña, apuntando a la existencia de una gran "cantidad de indicios que dan cuenta de una asociación ilícita".
"Desde el punto de vista jurídico la asociación ilícita es un conjunto de personas que se organizan en torno a un objetivo común que comprende la finalidad de cometer delitos (...) Cabe considerar que se ha formalizado por 18 delitos a los imputados, muchos de los cuales son reiterados", dijo el ex persecutor.
"A nuestro juicio, de los hechos que son materia de la formalización se reúnen todos los requisitos que la jurisprudencia y la doctrina han señalado para que se pueda dar por configurado este delito: primero, pluralidad de personas –son 10 los imputados-; un centro de poder: El Bosque 0440, donde está el edificio de Penta; distintos niveles jerárquicos: en primera línea, Délano y Lavín, luego, en las funciones operativas, Bravo y Tocornal, más abajo Álvarez y Martínez, todos ellos –otro requisito- con distintas tareas o misiones", argumentó Peña.
El ex fiscal mencionó además "la actuación profesionalizada para la producción de la documentación que les brinde un manto de impunidad; apariencia, giros de fachada, enriquecimiento ilícito proveniente de los delitos imputados, producción de redes de apoyo para el cumplimiento e impunidad del actuar criminal".
Por último, destacó que "los imputados procuraron penetrar y corromper diversos organismos públicos: en el SII a Álvarez y Martínez (...), en el Poder Ejecutivo le pagaban nada menos que a un subsecretario (Pablo Wagner), y para el Congreso pretendían valerse (...) de Felipe de Mussy, de Pablo Zalaquett, de Iván Moreira, de Laurence Golborne, de Ena von Baer, de Andrés Velasco, de Jovino Novoa".
"Vuestra señoría podrá advertir que los antecedentes que se han vertido en esta prolongada audiencia para justificar los delitos imputados deben servir además para tener por justificada la existencia de esta asociación ilícita criminal, según dan cuenta los mismos hechos formalizados", declamó ante el juez Juan Manuel Escobar.
"Si tiene cuatro patas, una cola y da leche es una vaca. Magistrado: si hay pluralidad, permanencia en el tiempo, un centro de poder, jerarquía, mando, diversos delitos cometidos para el logro de sus fines, hay un plan criminal y resulta en enriquecimiento ilícito es, pues, una asociación ilícita, prevista y sancionada en el artículo 162", sentenció el querellante.