La arista política del caso Penta será investigada por separado.
Tienen 10 días para presentar la acusación en contra de los ocho involucrados.
El caso se inició en octubre del año pasado.
El fiscal Carlos Gajardo confirmó este martes el cierre de la investigación en el denominado caso FUT, una de las aristas del caso Penta, el que será separado de la investigación por los presuntos aportes irregulares a campañas electorales.
Gajardo dio por terminada la indagatoria sobre seis funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), además del contador Sergio Díaz y el fiscalizador del SII, Iván Álvarez, imputados por mal uso del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).
En la audiencia por el cierre de la investigación ante el Octavo Juzgado de Garantía capitalino se oficializó la separación de las indagaciones que lleva la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Así el proceso quedó dividido en tres aristas: La primera el fraude al FUT y sus ideólogos, la segunda los contribuyentes que usaron maliciosamente este instrumento tributario, y la tercera el caso Penta propiamente tal.
El fiscal explicó que "se ha separado la investigación en esta causa respecto de los contribuyentes, es decir, se ha mantenido esta causa con la participación como imputados de los contadores y de los funcionarios públicos, y se ha hecho una separación respecto de los 122 contribuyentes que también han sido anunciados por el servicio público como aquellos que solicitaron estas devoluciones fraudulentas de impuestos".
"Básicamente lo que permite es que esa investigación continúe respecto de esos 122 imputados", añadió.
La Fiscalía ahora tiene un plazo de 10 días para formular la acusación en contra de los funcionarios del SII y los contadores, o definir su sobreseimiento o una medida alternativa, como un juicio abreviado o suspensión condicional del procedimiento.
El defensor de Álvarez, el abogado Carlos Cortés, comentó que "la verdad es que para nosotros es muy importante este cierre, nosotros sabemos que dentro de la investigación no existen antecedentes que incriminen a mi representado".
"Nosotros hemos mantenido siempre una tesis de llevar el proceso a juicio oral, porque claramente que esa va a ser la instancia en la cual vamos a ver realmente cuanto pesa esta causa. Hasta el momento son dichos en audiencia, pero la verdad es que la tasación de la prueba se hace en el juicio", agregó.
Arista política
El caso comenzó en octubre del año pasado cuando el contador y empresario Sergio Díaz Córdova se auto-denunció y dio el nombre del fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez Díaz, quien logró violar del sistema informático del organismo fiscal para aumentar devoluciones, por mal uso del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), lo que significó perdidas fiscales por 2.706 millones de pesos.
Además de Álvarez, está formalizada en el caso otra funcionaria de Impuestos Internos, Mitzi Carrasco, pareja de Sergio Díaz, y los contadores, Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal, Hernán Díaz, Francisco Sivit y Horacio Mayquel, quienes eran los encargados de reclutar clientes entre el 2007 y el año 2010.
Mientras tanto, la investigación en contra de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo Penta, por delitos tributarios, pasará a una nueva causa.
El abogado Ernesto Riquelme, defensor de Sergio Díaz y de Mitzi Carrasco, alegó inocencia de esta última: "Mitzi Carrasco lo único que se le ha reprochado en la formalización es haber consultado en la base de datos del SII algunos nombres de personas que después resultaron favorecidas, pero sin que ella haya tenido ninguna participación en el hecho de la devolución".
"Ese fue un mecanismo que diseñó, ejecutó e implementó Iván Alvarez", añadió.
En su investigación el fiscal Carlos Gajardo determinó, hace un año, presentar cargos por delito informático, soborno, cohecho, lavado de activos y fraude tributario y se formalizó por delitos tributarios a 122 contribuyentes que se beneficiaron de estas acciones ilícitas, entre ellos al entonces gerente general de Penta, Hugo Bravo López.
Este último fue quien vinculó al caso a sus ex empleadores, Délano y Lavín, abriendo además una arista por el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas, donde hasta existe una grabación de los supuestos beneficiados.
