El lobista Enrique Correa negó de forma tajante que los recientes escándalos que han remecido al país en relación con el financiamiento irregular de la política impliquen actos de corrupción.
"Creo que en estos casos nos hemos autoinferido un daño muy grande", dijo el ex ministro secretario general del Gobierno de Patricio Aylwin en una entrevista que publica este domingo La Tercera.
"Al aceptar que estos casos sean calificados de corrupción pura y simple nos hemos autoinferido un daño muy grande. Hay una distinción muy profunda que hacer en lo que entendemos en el lenguaje común como corrupción y el tema del financiamiento de la política. Es claro que el financiamiento de la política debe ser reformado, que debemos cerrar definitivamente esos espacios que permitieron formas irregulares, engañosas, informales -póngale el nombre que quiera- de financiamiento político, pero no es corrupción", afirmó.
Para Correa "la corrupción supone el intento de enriquecimiento personal ilícito, y eso es distinto a lo que pasó en los casos de financiamiento de campañas".
"No estoy diciendo que las cosas estuvieron bien hechas, ni que no se debe legislar para cambiarlas. Pero habernos autoinferido este daño como país al decir que todo esto era corrupción, el que la propia elite transmitiera a la gente que todos son corruptos, fue un gran error", agregó el dueño de la consultora Imaginacción, que ha asesorado en medio de la reciente crisis tanto a Penta como a SQM y al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.
La real dimensión
"Aunque se requiere una legislación más severa para enmendar, lo cierto es que el mundo empresarial (chileno) tiene altos estándares de decencia", consideró Correa, quien vislumbra que "en tres meses más deberíamos conocer la proporción de todo lo ocurrido, los acuerdos alcanzados con la Fiscalía, los nombres de los formalizados y de quiénes van a ser incluidos en la acusación".
"Tengo la impresión de que los procesos judiciales ya tomaron su cauce más normal y no veo más dramatismo", señaló, manifestando que "no deben usarse los casos judiciales para objetivos políticos", y previendo que "los formalizados serán muchos menos de lo que la gente inicialmente creía y que los acusados serán muchos menos todavía. Ahí mediremos el caso en toda su dimensión".