Tribunal aceptó suspender la causa por cohecho contra SQM

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó este viernes la suspensión condicional del procedimiento que afrontaba la empresa SQM, imputada por delitos reiterados de cohecho por supuestos sobornos pagados a personas del entorno del ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de la UDI Pablo Longueira.

El tribunal aprobó el acuerdo entre la Fiscalía y la empresa minera, que compromete a la segunda a pagar 900 millones de pesos a beneficio fiscal y otros 1.650 millones a fundaciones: un desembolso total de 2.550 millones.

El juez Luis Avilés exigió además a la compañía que elabore un manual "de estándar internacional" con políticas internas para prevenir la comisión de delitos.

La audiencia de esta jornada no estuvo exenta de polémica, debido a un tenso intercambio entre el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.

La consejera María Inés Horvitz acusó al fiscal Pablo Gómez -quien conducía la investigación sobre SQM y sus diferentes aristas- de no tener convicción en la causa.

AHORA #CasoSQM empresas: 8° Juzgado de Garantía aprobó la suspensión condicional del procedimiento de SQM empresas, imputadas por el delito reiterado de cohecho, debiendo pagar $900 millones a beneficio fiscal y $1.650 millones a fundaciones. pic.twitter.com/pmSV6PHhLe

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 26 de enero de 2018

A su vez, Lupi Aguirre, abogada del CDE, advirtió en medio de la audiencia que "aceptar la suspensión condicional de la empresa SQM mediante los pagos de las generosas sumas de dinero -que supuestamente está entregando, las cuales son muy diversas a las que ha pagado en otras instancias- es señalarle que la empresa SQM haga coimas a políticos para obtener ventajas, y ¿cómo soluciona sus problemas? Nuevamente de la misma manera, pagando".

"Ésta es la señal de política criminal que está dando el Ministerio Público", criticó la jurista.

En respuesta, el fiscal Gómez dijo que el Consejo hace alegatos "para la galería".

"Afortunadamente, existe un Poder Judicial. Estamos ante él y no ante la justicia de Twitter, porque estamos escuchando un alegato que está orientado a ese público y no a usted. Han tirado muchas frases que son a la galería y lo que pretenden es hacer confundir con estrellas las luces de neón. ¿Qué están haciendo acá? Entendemos que hay mucho mayor beneficio para el Estado de Chile, mucho mayor beneficio social, aplicando, acogiendo y solicitando la suspensión del procedimiento", aseveró el persecutor.

Mientras que el abogado de la minera no metálica, Hugo Rivera, defendió el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, señalando que está "muy conforme".

"La ley es la ley, están claramente establecidos los requisitos para que proceda esta institución. Nosotros veíamos que estaban plenamente cumplidos y estábamos confiados totalmente (...) la verdad es que es nuestro derecho no proceder", aseveró.

El jurista agregó que "siempre dije que no hay que ser como el dios Jano, hay que tener siempre una conducta coherente y saben por qué digo esto respecto a los acuerdos, que son miles y miles de millones de pesos que el Estado va a ganar el próximo año".

Tras lo resuelto este viernes, el CDE tiene cinco días para evaluar si recurre a la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar la salida alternativa que beneficia a la empresa que controlaba Julio Ponce Lerou, protagonista central de los escándalos de corrupción en la política chilena de los últimos años.

En medio de esto, el renunciado fiscal Carlos Gajardo -ex investigador del caso SQM- lanzó un mordaz comentario en Twitter:

En los paises OECD se hizo una encuesta muy sencilla.
¿Confía usted en el sistema de justicia de su país?
En promedio un 55% de las personas contestó que sí.
Chile fue el país más bajo después de Ucrania. Sólo un 15% dijo confiar.
Lo de los últimos días solo empeora las cosas. pic.twitter.com/92J35cOtqN

— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) 26 de enero de 2018