La participación de extranjeros y la posibilidad de emitir publicidad en canales de televisión locales fueron algunos de los puntos más cuestionados.
El ministro Elizalde dijo que el Gobierno evaluará los pasos a seguir.
El Ejecutivo había advertido que vetaría la ley si se aprobaba sin sanciones efectivas para quienes no sufragaran.
La Sala del Senado rechazó en la tarde de este martes el informe emanado por la comisión mixta sobre las discrepancias en el pago de multas de quienes no vayan a votar, en el marco del debate del proyecto que fija en dos días las elecciones municipales y regionales de octubre.
Los parlamentarios votaron en contra del acuerdo que buscaba reponer las multas a los ciudadanos que no cumplan con el voto obligatorio y no tengan justificación, rebajando el monto máximo aplicable.
Uno de los puntos que generó resquemor en la Sala es la participación de extranjeros en el proceso, quienes no estarían sujetos a la multa ya que no tienen la obligación de votar, pese a ser ciudadanos chilenos. Según la Constitución, si llevan avecindados cinco años en Chile y cumplen los requisitos, "podrán" sufragar, es decir, se les abre la posibilidad, pero no están obligados.
En ese marco, el texto de la comisión mixta los agregaba al grueso de la población sujeta a la sanción, acápite que fue rechazado por el oficialismo, que votó en contra o se abstuvo; de ese sector sólo apoyaron los senadores Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, ambos de la Federación Regionalista Verde Social.
El senador Francisco Huenchumilla (DC) comentó que "esta multa no se puede aplicar constitucionalmente a los votantes extranjeros, porque el propio artículo 14 de la Constitución señala que ellos tienen voto voluntario, 'podrán votar' dice el artículo, de acuerdo al principio de especialidad".
Ante esto, la senadora Luz Ebensperger (UDI) planteó que "la igualdad ante la ley es el principio más importante en la Constitución. Ya los extranjeros nos ganaron los jardines infantiles, tienen prioridad por sobre los chilenos, los niños que están sin colegio hoy día son chilenos, no migrantes, y ahora que ellos hagan lo que quieran con los derechos políticos".
"Si no quieren no van a votar, aunque el voto sea obligatorio, y la multa y la consecuencia la pagan los chilenos, que sí debemos cumplir la ley. Hablen con la verdad", añadió.
Su par Juan Antonio Coloma se dijo "sorprendido" de que, a su juicio, "el Gobierno no haya hecho un esfuerzo adicional, porque el único tema de la comisión mixta fue el importe de la multa. No se refiere al tema de ciudadanos electores, eso está resuelto hace 20 años, no ha habido ni un cambio".
"El único problema es que, aparentemente, hay una parte del oficialismo que no se atreve a decir que no quiere voto obligatorio. Lo más insólito, además, es que ésta fue una idea del Gobierno y que fue rechazada por los parlamentarios del Gobierno. Entonces, uno exige una explicación", teorizó.
Otro los aspectos cuestionados es la norma que permitiría a canales locales o regionales de televisión ofrecer espacios de propaganda electoral a candidatos y partidos, una opción que hoy no se permite.
El senador Francisco Chahuán (RN) planteó que "no puedo entender cuál es la discriminación que se produce respecto de los canales concesionados de aquellos no concesionados, y yo voy a hacer una reserva de constitucionalidad, porque no hay ninguna razón plausible que discrimine entre un medio de comunicación y otro medio de comunicación".
Por su parte, Ricardo Lagos Weber (PPD) dijo que "creo que es limitarlo solamente a los canales concesionados, porque toda esta teoría de los canales concesionados se aplica a cuatro o cinco canales nacionales y el resto de los canales de televisión, por medio de cable u otro mecanismo, quedan fuera; hay un sesgo en esta materia".
Tras conocer el resultado, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, manifestó que "conscientes de que, por distintas razones, este proyecto había generado controversia en ambas cámaras del Congreso Nacional, y tratándose de normas que para su aprobación requieren de un quorum muy alto, era necesario un buen acuerdo, más allá de la mayoría que se podría construir en la comisión mixta".
"Lo que la comisión mixta plantea luego debe ser ratificado por ambas cámaras del Congreso Nacional, insisto además en votaciones que tienen alto quórum y lamentablemente no prosperó esa voluntad de acuerdo y entendimiento", añadió.
Con el rechazo al informe de la comisión mixta, se cayó también el intento de reducir el valor económico del voto que reciben como reembolso los candidatos o partidos por sufragio obtenido.
Sobre esto, Elizalde declaró que "de buena fe hicimos una propuesta que nos parecía que comprendía las distintas visiones con objeto de tener la mayoría necesaria para que este proyecto de ley se hiciera realidad, y lamentablemente no hubo voluntad de acuerdo, ni siquiera hubo voluntad de discutir este tema, y bueno, las consecuencias están a la vista. La votación que se desarrolló, obviamente hay que hacerse cargo de un texto que no quedó del todo prolijo".
Elizalde aseveró que "vamos a evaluar pasos a seguir, que serán informados oportunamente, respecto de la forma en la cual se va a consagrar el sentido del proyecto de ley que en su oportunidad presentara el gobierno del Presidente Boric".
Respecto a un veto presidencial, indicó que "es una alternativa, por tanto, yo no puedo comprometer una decisión del Gobierno cuando no lo he hablado con el Presidente ni el resto del comité político".
