El Servicio Electoral reveló diferencias entre los aportes y montos declarados por la fundación Democracia Viva dentro de la campaña del plebiscito de salida, por lo que inició un procedimiento sancionatorio en contra de la ONG, representada por el exmilitante RD Daniel Andrade.
De acuerdo a El Mercurio, la decisión es parte de un oficio enviado a la Cámara Baja esta semana, en respuesta a una solicitud de la bancada UDI, que buscaba conocer antecedentes de eventuales irregularidades en el cumplimiento de normas relativas a los plazos, forma y oportunidad para hacer campañas por parte de esa organización.
El documento establece que "se detectaron hallazgos entre la contabilidad registrada y los montos declarados ante este servicio por dicha organización, donde las partidas registradas en contabilidad correspondientes a aportes ascienden a un monto superior que los aportes declarados ante este servicio. A su vez, de la revisión de los aportes recibidos, se observan aportes declarados en sistema, sin individualizar correctamente a los aportantes de esos recursos".
En cuanto a los gastos realizados de cara al último plebiscito, el Servel observa que "en su contabilidad registraron un gasto por concepto de contratación con medios digitales por la suma de $3.570.000, sin registrar gasto por este concepto ante este servicio".
"Frente a tales inconsistencias, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa electoral con ocasión del plebiscito por parte de Democracia Viva, el Servel, en uso de sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias, con fecha 29 de junio de 2023, ha instruido un procedimiento administrativo sancionador, mediante resolución dictada por la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral", explica el oficio.
Respecto a la indagación de los millonarios aportes de campaña entregados a la fundación -reconocidos por el propio excoordinador de Aprueba por Chile, Felipe Heusser (RD)-, el ente indicó que "sólo es posible informar que, en términos generales, se han decretado las diligencias necesarias para la determinación de los eventuales responsables para el caso de constatarse alguna infracción en materia electoral, toda vez que la investigación tiene el carácter de reservado".
Finalmente, ante sospechas de la UDI de un "eventual uso indebido de los montos adjudicados por la señalada entidad con fines propagandísticos y electorales en favor de la diputada Catalina Pérez (expareja de Andrade) u otras candidaturas, es del caso señalar que, hasta la fecha, este servicio no cuenta con evidencias concretas que lo permitan determinar", cierra el escrito.
"MAQUINARIA IDEOLÓGICA"
El diputado gremialista Cristián Labbé apuntó que el requerimiento de la bancada se basó en "fundadas sospechas de que los aportes entregados a Democracia Viva eran a lo menos cuestionables, con una opacidad evidente entre la cantidad de aportes y quiénes son los aportantes, lo que ahora cuestiona el propio Servel".
Su correligionaria Flor Weisse complementó que "ese mecanismo de recaudación de recursos públicos por parte de RD, fuera de los plazos y forma establecidos para financiar partidos y hacer campañas políticas, es lo que en nuestro concepto debe ser investigado y sancionado por el Servel".
A la vez, acusó que "se creó una maquinaria ideológica para hacer campaña en favor de los candidatos de RD en perjuicio de todo el espectro político. Y no me cabe duda que este mecanismo tiene que haber sido presuntamente creado y puesto en marcha por el operador principal de RD, es decir, Giorgio Jackson".
Esta semana, el fundador del golpeado partido y ministro de Desarrollo Social respondió a militantes UDI que lo sindican como "autor intelectual" de la presunta defraudación gestada en la fundación de Andrade, llamando a que "si cuentan con algún antecedente que llegue a vincularme, tanto a los casos de Democracia Viva como a otra irregularidad, lo presenten ante las instituciones pertinentes".
