La parlamentaria envió una carta a la militancia de Revolución Democrática tras la resolución de suspender su participación en el partido.
“Ya he dicho -y lo reitero- que nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por ninguna persona o fundación para obtener recursos del Estado”, afirmó.
La parlamentaria por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, envió una carta a los militantes de Revolución Democrática, luego de que el Tribunal Supremo del partido decidiera suspender por un año su militancia por su presunta vinculación con el Caso Convenios.
La decisión fue tomada por el escándalo de los dineros entregados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, expareja y exasesor de la diputada.
Más conocido como "Caso Convenios", lo ocurrido desplegó una seguidilla de fiscalizaciones a la entrega de dineros públicos, por trato directo, a diferentes fundaciones que involucran al Ministerio de Vivienda (Carlos Montes) y de Desarrollo Social (Giorgio Jackson).
Según consignó La Tercera, la parlamentaria en el texto agradeció a "todos los que me han entregado palabras de aliento, a quienes me han ayudado a procesar la injusticia, a quienes han estado disponibles para conversar con altura de miras sobre este doloroso proceso".
Asimismo, afirmó que "somos un proyecto político que busca aportar a la construcción de las grandes transformaciones que nuestro país necesita... Nuestro proyecto no depende de las buenas o malas decisiones que cada uno de nosotros tome por separado, sino de las grandes peleas que damos juntos".
"Que nuestra juventud no nos haga perder perspectiva. Después de estos momentos difíciles, que pasarán como todo en la vida, vendrán otros. Y entonces será esencial que hayamos aprendido las lecciones de fraternidad y mesura, de racionalidad, responsabilidad y confianza que debemos sacar de este doloroso episodio, que no define, pero sí marca nuestra historia, porque sin ellas, ningún proyecto político es viable", agregó.
"Es propio de nuestros valores compartidos hacernos cargo de lo que hacemos y de lo que omitimos. Por mi parte, me he sometido y he acatado la sanción que me ha impuesto el Tribunal Supremo, de un año de suspensión de mis derechos militantes", complementó.
Por otro lado, señaló que "ya he dicho -y lo reitero- que nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por ninguna persona o fundación para obtener recursos del Estado, ni me he beneficiado de ninguna manera de ello. Sé que esto pasará y se aclarará todo lo acontecido. Sé que las instancias judiciales establecerán que no tuve injerencia alguna en los actos cuestionados".
"Pero sí cargo y cargaré con el peso del error de no haber ponderado adecuadamente el profundo daño e impacto político que este caso le iba a causar al proyecto que hemos construido y a su militancia, a nuestro Gobierno y a mí misma. Quienes me conocen, saben cuánto me lo reprocho", apuntó.
Igualmente, concluyó que está tranquila, "sabiendo que la verdad se impondrá".
