El Tribunal Supremo de Revolución Democrática determinó de forma unánime la expulsión de Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, ambos involucrados en el llamado "caso convenios" que también ha empapado a la correligionaria y diputada Catalina Pérez.
En un comunicado, el partido fundador del Frente Amplio aseguró que continuará "poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes", reafirmando el compromiso de "actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública".
El bloque agradece en el escrito por el trabajo de los miembros del Tribunal que "han actuado con celeridad, danco cumplimientos a nuestra normativa interna y garantizando el debido proceso; resguardando nuestro proyecto y sus principios".
Tras una reunión de dirigentes oficialistas en la sede del Partido Socialista, el timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, confirmó la resolución del Tribunal Supremo de la tienda de expulsar a Andrade y Contreras, las dos personas que figuran como imputados en la investigación que lleva el Ministerio Público: "Valoramos que nuestro órgano disciplinario haya tomado el caso con la celeridad y la urgencia que amerita, pero al mismo tiempo, con un debido proceso", destacó.
El senador puntualizó además que, respecto a la diputada Catalina Pérez, salpicada por haber sido pareja de Andrade, "se solicita como medida cautelar la suspensión de su militancia mientras se investiga el caso", para lo cual la instancia aún "tiene que evaluar la admisibilidad, y luego toma su caso y puede resolver, porque son causas distintas".
En la víspera, Andrade había renunciado a RD de forma anticipada ante la decisión inminente del órgano.
Además, esta misma jornada se conoció que solicitó el "término anticipado" de los convenios al Minvu y se ofreció a detallar las actividades realizadas, rendir cuentas de los avances y poner a disposición el dinero no utilizado. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, estimó que en ese caso Democracia Viva debería devolver cerca de 250 millones de pesos al Estado.
