El Partido Republicano reafirmó su postura contraria al aborto y anticipó que, si llegase a conseguir una mayoría en el Congreso Nacional, promovería la derogación de la ley vigente en 2017 que permite la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o si el emabrazo fue producto de una violación.
"Si algo valoramos es la vida en cualquier condición, desde la concepción hasta la muerte natural", dijo este domingo el timonel de Republicanos, Arturo Squella, en el programa "Mesa Central" de Canal 13.
En ese sentido, advirtió que "el día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de la ley de tres causales, que creemos atenta la vida".
Actualmente, la tienda fundada por José Antonio Kast tiene nueve diputados de los 155 asientos de la Cámara Baja, y 11 si se considera a los dos del Partido Social Cristiano, con el que formaron el Frente Social Cristiano para las elecciones del 2021; y en el Senado cuenta con dos escaños de 50, Rojo Edwards y Carmen Gloria Aravena -quien se afilió hace algunos meses-.
En el Consejo Constitucional, en tanto, sí es mayoría, y junto a Chile Vamos tienen los votos necesarios para controlar la redacción de la propuesta de nueva Carta Fundamental.
De hecho, Republicanos instaló el debate sobre el aborto al ingresar una enmienda al artículo 16 del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, en específico, al inciso 1, que consagra "el derecho a la vida", para incorporarle la siguiente frase: "Se protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad".
Según Squella, luego de que una iniciativa popular de norma con ese tenor consiguiera los apoyos para ser debatida en el Consejo, logrando así "sacar de la esfera de la discusión legislativa la penalización del aborto", decidieron apuntar a "reponer la protección del niño que está por nacer".
Pero en comparación a esa propuesta, la enmienda del partido "es más amplia, da una protección más robusta, se hace cargo de recoger lo que tratados internacionales que Chile ha celebrado (...) y eso queremos poner sobre la mesa para la discusión", sostuvo.
"Se protege de mejor manera la vida, pero en ningún caso lo saca de la interpretación que puedan dar los tribunales", puntualizó, ya que, de todos modos, aseguró que son unos "convencidos de que la penalización del aborto debe estar entregada a la ley, como está hoy (...) al debate legislativo", sentido en el cual -valoró- "el estándar de protección de la Constitución vigente es adecuado".
"ANTIDERECHOS Y ANTILIBERTADES"
La enmiendas de Republicanos han sido cuestionadas por el oficialismo, que ve en ellas una intención de "dejar el sistema como está" y, en materia de derechos humanos, "retrocesos civilizatorios".
"El Partido Republicano es antiderechos y antilibertades de las personas, y eso lo dejan muy claro con este tipo de discursos y acciones que lo único que muestran es que lo que tienen para proponer para Chile son retrocesos y poner en duda acuerdos democráticos que ha tomado nuestra sociedad como la ley de aborto en tres causales, lo que tiene como única consecuencia la restricción de derecho de las personas e imponer su forma conservadora de ver la vida, restringiendo la libertad de las personas para desarrollar sus proyectos de vida", deploró la diputada Emilia Schneider, del gobernante partido Convergencia Social.
"Yo creo firmemente que la maternidad debe ser deseada, voluntaria y, por supuesto, protegida con una mirada de derechos, pero en ningún caso impuesta", subrayó.
¿SIMPATÍA POPULAR O SINTONÍA COYUNTURAL?
Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, Republicanos es el partido con más simpatizantes actuales entre la ciudadanía.
Desde Criteria, otra encuestadora, el director Diego Córdova planteó que en sus sondeos han observado que "al menos una porción relevante de las personas que votaron por el Partido Republicano en la última elección de consejeros constitucionales, todavía sigue valorando cuestiones relativas a una mayor participación del Estado en derechos sociales".
"Es decir, gran parte de la masa que tiene el Partido Republicano de apoyo no es una masa de apoyo que sea particularmente conservador en lo valórico, sino que más bien demanda enérgicamente esta condición de mayor seguridad, en una situación de la ciudadanía en Chile vive con miedo respecto de la situación de la violencia y la delincuencia en el espacio público", sostuvo el analista.
De todos modos, el diputado Cristián Araya comentó que en la tienda asumen "con responsabilidad los resultados que están arrojando algunas de las encuestas que han salido, que nos dan un amplio apoyo popular".
"Creemos que éste es el reflejo de una sintonía con las urgencias sociales de los chilenos, donde hemos puesto la seguridad, el combate contra el narcotráfico, el control de la inmigración ilegal y la crisis económica en el centro de nuestro actuar. Nuestro principal desafío es recuperar el orden y la seguridad en nuestro país, porque es la única forma que se den las condiciones para que Chile pueda volver a crecer y los chilenos tengan un mejor futuro", complementó.
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS EN CASA PARA MAYORES DE 75 AÑOS
Otra de las enmiendas criticadas es la que agrega la disposición que permite a personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales cumplan prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio, cuando "no representen un peligro actual para la sociedad".
Una norma que terminaría beneficiando a un grupo de personas donde el 55% corresponde a condenadas por violaciones a derechos humanos, reprochó el Gobierno.
Squella defendió que, a su juicio, "es una norma de carácter humanitario" cuyos objetivos son "descomprimir las cárceles, y considerar que hay personas que a una avanzada edad y por condiciones de salud no se justifica que estén privados de libertad en un recinto penitenciario".
En ese marco, fue consultado sobre nombres como el de Miguel Krassnoff, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que acumula más de 80 condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet: "No conozco los antecedentes puntuales de él (...) hablamos de si a los 75, 80 años es un peligro o no, no lo que la persona representó cuando fue condenada".
El criterio no será en función de los delitos cometidos, apuntó, sino que cada caso deberá ser evaluado individualmente, según lo establezca una ley que eventualmente se crearía por mandato constitucional, si la enmienda fuese aprobada en el Consejo.
