Luego de que la Contraloría General de la República diera cuenta de graves falencias en el otorgamiento de pensiones de gracia en decenas de casos durante el estallido social, diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude al Fisco y solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar acciones penales.
El escrito, presentado por Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, señala que "venimos en formular la presente denuncia por los hechos que se detallan, los que configurarían los delitos de Prevaricación Administrativa y de Fraude al Fisco, previstos y sancionados en los artículos 228 y 239 del Código Penal, respectivamente, solicitando al Sr. Fiscal disponer el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos y perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos".
Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), sostuvo que "el oficio enviado por el INDH no fue contestado por el Presidente y no solamente eso, sino que después de eso entregó 76 pensiones de gracia adicionales. Esto revela que la incompetencia, la desidia y la complicidad con la entrega de estas pensiones de gracia es escandalosa".
"Y esto exige que el Presidente tome las decisiones correspondientes respecto a las responsabilidades políticas. No puede ser que esto quede en la más absoluta impunidad, cuando estamos hablando de recursos públicos de todos los chilenos que, lamentablemente, terminaron en manos de delincuentes", agregó el legislador de Chile Vamos.
"Sabiendo ese antecedente siguieron repartiendo los cheques, ¿cuándo las van a revocar? ¿Por qué la demora? Llevan más de seis meses hablando de revocación y todavía el primero de cada mes sale un cheque para pagar pensiones de gracia totalmente injustas", agregó el parlamentario Jorge Alessandri (UDI).
EL OFICIO DE INDH QUE NUNCA RESPONDIÓ EL PRESIDENTE BORIC
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer que en septiembre de 2022 envió un oficio al Gobierno en el que advertía la falta de facultades para acreditar las consecuencias físicas de vulneraciones a los derechos humanos de los beneficiarios de pensiones de gracia, documento que no fue respondido por el Presidente Gabriel Boric.
Según consignó La Tercera, el documento evidenció que una decena de casos no contaban con antecedentes médicos que acreditaran el relato de los presuntos afectados durante el estallido social.
"El Instituto no cuenta con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar circunstancias de esta índole", señala una parte del documento, el que fue elaborado por la directora del organismo, Consuelo Contreras.
"CUANDO EL ESTADO VIOLA LOS DD.HH, TIENE QUE HACERSE CARGO"
Por parte del oficialismo, la postura por ahora ha sido la de indagar las responsabilidades administrativas, pero no generalizar en cuanto a quienes sí les corresponde recibir el beneficio.
Al respecto, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló que "personas que hayan alterado documentación para ser acreedor de una pensión de gracia sin tener un atropello de los Derechos Humanos, fuera de lugar que tiene que ser revocada".
"Cuando el Estado viola los DDHH de una persona, tiene que hacerse cargo de eso. Si una persona tiene un prontuario policial, yo espero que la Justicia haya operado. Pero si esa persona con esa hoja de prontuario sufre un atropello a los DDHH porque una fuerza policial le quita un ojo, de verdad que sería promocionar el desgobierno, la ley de la selva, la falta de Estado. Si uno dijera: 'sólo porque es delincuente no tiene derecho por tanto ese ojo no vale'", agregó.
Carmona también abordó a los dichos de la diputada de su partido, María Candelaria Acevedo, quien se refirió al proyecto de ley presentado por la oposición de revocar las pensiones a las víctimas durante el estallido y la opción de llevarlo al Tribunal Constitucional o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que avance la iniciativa.
Para el timonel comunista, esto no es un emplazamiento ni una crítica al Gobierno, e indicó que no entendería que el Ejecutivo vaya a promocionar una actitud licenciosa con las obligaciones del Estado respecto a respetar los DDHH.
En esa misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD) apuntó que si existen "personas que hayan alterado documentación para poder ser acreedora de una pensión de gracia sin tener un atropello de los derechos humanos, fuera de lugar que tiene que ser revocada. Cuando el Estado viola los derechos humanos de una persona, tiene que hacerse cargo de eso".
"Sería promocionar el desgobierno si uno dijera 'solo porque es delincuente no tiene derechos, por tanto, ese ojo no vale'", remató Soto
