Jueza postergó decisión sobre medidas cautelares contra desaforado senador Orpis

La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ana Emilia Ethit, decidió aplazar la decisión en relación a las medidas cautelares contra el desaforado senador Jaime Orpis, formalizado en el marco del caso Corpesca.

Ethit explicó que la decisión se debió a que no se recibió el cúmplase proveniente de la Corte Suprema, el cual notificaba sobre el desafuero y la facultaba a decretar las medidas cautelares, pese a que el documento aparece en el sistema del Poder Judicial.

La fiscal Ximena Chong rechazó la decisión y acusó un intento dilatorio de la defensa. Sin embargo, dijo que insistirá en pedir la prisión preventiva contra el desaforado parlamentario.

"Nos parece que es un incidente que fue planteado por la defensa en ejercicio de sus funciones, pero claramente con una intencionalidad puramente dilatoria. Esto en nada, entendemos, beneficia la posición del senador Orpis", sostuvo la fiscal.

Recalcó que "la resolución estaba notificada, estaba dictado el cúmplase el 16 de mayo recién pasado en un pleno en que se reunieron todos los miembros de la Corte de Apelaciones, estaba notificada el día de hoy y creemos que es simplemente una maniobra dilatoria cuyas intenciones no las vamos a calificar".

"Nosotros vamos a seguir adelante con la petición de prisión preventiva que ya anunciamos ayer", sentenció Chong.

Mientras que el abogado defensor, Carlos Cortés, sostuvo que "no se habían cumplido las notificaciones que ordena la ley, no se había hecho las notificación que ordena el Senado en el artículo 419 y, en ese sentido, la magistrada entendió que se adolecía de un vicio en la solicitud de medidas cautelares respecto de mi representado".

"En este momento, mientras no se encuentre notificada esa resolución, mantiene su fuero parlamentario. La contraparte ha dicho muchas cosas, de las cuales no me voy a hacer cargo. Respecto de todo lo que ha señalado en audiencia, es la misma audiencia que se realizará a futuro donde me haré cargo de todas las imputaciones, algunas bastante temerarias", indicó.

Orpis fue formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco, delitos por los que la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos pidieron su prisión preventiva.

En la audiencia el Ministerio Público argumentó que Orpis operó como un empleado de la empresa Corpesca en el Senado, que entre 2009 y 2013 le transfirió un total de 233 millones de pesos a través de boletas falsas.

Además, Orpis también está acusado de haber hecho un mal uso de asignaciones parlamentarias en un monto superior a los 153 millones de pesos.

"La imputación del Ministerio Público es absolutamente falsa", dice Orpis en una minuta que entregó su familia. (Foto: UNO)

Mientras que al término de la audiencia, la familia de Orpis entregó una minuta de 30 páginas donde el desaforado senador señala que no ha cometido los delitos de cohecho y lavado de activos por los cuales ha sido acusado.

En el texto, señala que "he mantenido siempre mi independencia votando y actuando de acuerdo a mis convicciones, la imputación del Ministerio Público es absolutamente falsa, tal como lo he hecho siempre en mi vida política" y agrega que "no me he enriquecido con la política, siempre tuve la misma casa desde hace 27 años, tengo un auto que tiene casi 10 años y no tengo acciones ni depósitos en Chile o en el extranjero".

Ahora se espera que, una vez que el Tribunal sea notificado oficialmente, se fije una fecha para que se resuelva la medida cautelar para el desaforado senador.

Mientras tanto, el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, quedó con arresto domiciliario parcial, entre las 00:00 y 06:00 horas, además de arraigo nacional.

Ante esto, el abogado Jorge Bofill declaró que "estamos convencidos de que ninguno de los pagos que se realizaron, en el sentido de entregarles dinero para financiar o ayudar a las campañas políticas o a la actividad política de los congresales de la región, estuvo vinculado a ningún favor no a ninguna petición que involucrara de parte de ellos una infracción de los deberes del cargo".

"Por esa razón, el delito de soborno no se configura en absoluto", sentenció.

La abogada del CDE, Lupi Aguirre, destacó que "la resolución de la jueza fue contundente en dar por establecidos presupuestos materiales respecto del delito de soborno y en ese sentido creemos que lo mismo va a ocurrir respecto del delito de cohecho, sin perjuicio que es un tema que aún no se ha terminado de discutir".

"Considerando la gravedad de los ilícitos que se le imputan al señor Orpis, iniciar la discusión respecto de un particular que tiene delitos tributarios y un delito de soborno para continuarla con un funcionario público, que tiene fraude al Fisco, delitos tributarios, delito de cohecho, obviamente que nos deja muy tranquilos", agregó.