La académica y expresidenta de la Convención Constitucional declaró como víctima en el caso Huilcaman Paillama versus Chile.
Estima que el fallo se conocerá en un año y aseguró que lo que más importa es que haya "justicia y reparación".
El pueblo mapuche confió este martes en Bogotá en que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) les dé la razón en que el Estado chileno les violó derechos dentro de un proceso contra 140 personas de esa etnia acusadas en 1992 de usurpación de tierras y asociación ilícita.
Así lo consideró Elisa Loncon, quien asistió como víctima en el caso Huilcaman Paillama contra Chile, uno de los tres que aborda la CorteIDH en Bogotá en donde desarrolla su 162° periodo de sesiones ordinarias.
"Se nos acusó injustamente de asociación ilícita y usurpación de tierra, y los casos del proceso tienen una serie de vicios que no responden y no respetan derechos ya reconocidos a los pueblos indígenas a nivel colectivo y a nivel individual", dijo a EFE Loncon, una académica, lingüista y expresidenta de la antigua Convención Constitucional (2021-2022).
La detención derivó en una denuncia de parte del Consejo de Todas Las Tierras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 1996, acusando, principalmente, que el juicio en Chile no tuvo un debido proceso, y que estuvo marcado por un trato discriminatorio y racista.
"A nosotros sin antes habernos escuchado ya se nos puso de que nosotros habíamos usurpado tierras cuando la usurpación es quedarse con algo del otro (...); fueron tomas pacíficas para dar cuenta de la necesidad de una Ley de Tierras, eso fue lo que ocurrió", explicó Loncon.
Añadió que hasta el momento la "nación mapuche todavía no es reconocida dentro de la Constitución del Estado de Chile. Queremos ser reconocidos con nuestros derechos colectivos, a tener nuestro idioma y a tener nuestros propios líderes que direccionen el presente y el futuro del pueblo mapuche".
Igualmente, dijo que el pueblo mapuche ha estado dispuesto al diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos pero siempre bajo el entendido de que se les debe respetar su territorio y su condición de pueblo.
"Nosotros nos organizamos en función de esas diferencias que son lingüísticas, culturales. También creamos en 1992 una bandera para exteriorizar nuestra identidad negada por el Estado", concluyó Loncon.
El caso Huilcaman Paillama contra Chile se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por una serie de presuntas violaciones dentro de un proceso penal contra 140 personas mapuches en el contexto de una serie de protestas en 1992 con ocasión de los 500 años de la conquista española de América.
Entre el 16 y 20 de junio de 1992 los miembros del Consejo de Todas las Tierras, organización que agrupa autoridades originarias mapuches, supuestamente se tomaron once predios vecinos a sus comunidades para procurar la atención de la opinión pública respecto de varios reclamos, así como la atención del Senado chileno donde se tramitaba el proyecto de Ley Indígena.
Posteriormente, las presuntas víctimas fueron sometidas a un proceso penal y el 11 de marzo de 1993 fueron condenadas por los delitos de usurpación, asociación ilícita, desacato, hurto, encubrimiento de hurto y lesiones a penas que oscilaron entre el pago de seis sueldos vitales hasta penas de tres años y nueve meses de prisión.
Los mapuches alegan que en esos procesos penales les fueron violados los derechos a ser juzgados por autoridad imparcial, el derecho a contar con una motivación adecuada y el principio de presunción de inocencia.
Loncón estima que el fallo de la CorteIDH se conocerá en un año y aseguró que lo que más importa es que haya "justicia y reparación" con la etnia mapuche, que representa el 10% de la población chilena, alrededor de 1,7 millones de personas.
