Fiscalía solicitó esta diligencia con el propósito de realizar una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota.
En tanto, la discusión sobre la inhibitoria de competencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria ingresó este jueves a la Corte Suprema, con carácter reservado.
El Juzgado de Garantía de Arica programó para el próximo 4 de junio la audiencia en que se resolverá si autoriza la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas.
La decisión del tribunal ocurre en el marco del caso conscriptos y luego de que la Fiscalía pidiera realizar esta diligencia con el propósito de realizar una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota.
La sede de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante en este caso.
La actuación del INDH se originó a partir de las denuncias de jóvenes que se encontraban efectuando el servicio militar en la Brigada N° 24 "Huamachuco" del Ejército. Esta unidad se encuentra en la comuna de Putre, a alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Fue en este sitio, donde a finales de abril un grupo de conscriptos sufrió tratos crueles durante la instrucción en la zona de Pacollo. Ahí falleció el joven Franco Vargas, el pasado 27 de abril.
El INDH interpuso una denuncia por apremios ilegítimos ante la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, que dio inicio inmediato a la investigación. Días más tarde presentó una primera querella por apremios ilegítimos y posteriormente, otra acción penal, ahora por apremios ilegítimos con resultado de homicidio. En este segundo escrito, el INDH pedía la una segunda autopsia a la víctima y la aplicación del Protocolo de Minnesota, que permite indagar muertes potencialmente ilícitas.
El Código Procesal Penal dice que el fiscal podrá solicitar autorización judicial para realizar la exhumación en casos calificados y cuando estime que la diligencia puede ser útil en el caso. No se trata de una diligencia habitual y debe justificarse debidamente.
La norma instruye citar al familiar más cercano de la víctima, que debe ser oído en la audiencia. Así, la madre del joven deberá asistir para ser escuchada sobre la exhumación.
La querella del INDH por la muerte del joven la admitió a trámite el Juzgado de Garantía de Arica el 14 de mayo, en la audiencia donde rechazó inhibir su competencia. En esta audiencia, el juez Juan Araya Contreras argumentó que la dignidad de la persona, la libertad y la vida son bienes jurídicos protegidos que exceden el ámbito de la justicia militar y los debe ver la justicia civil.
De esta forma, la audiencia en el Juzgado de Garantía de Arica quedó fijada para el 4 de junio a las 8.30 horas.
En tanto, la discusión sobre la inhibitoria de competencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria ingresó este jueves a la Corte Suprema, con carácter reservado.
