El Ministerio Público anunció que abrirá una investigación penal de oficio en torno a la orden que emitió el juez de garantía ariqueño Héctor Barraza, con el objeto de revelar los nombres de 56 testigos protegidos en un caso relacionado con la célula delictual Tren de Aragua.
Si bien la Corte de Apelaciones de Arica frenó la ejecución del controvertido fallo inicial, el propio fiscal regional, Mario Carrera, confirmó que la Defensoría Penal Pública -que representa a imputados del clan "Los Gallegos"- había accedido previamente a sobres que contenían las identidades de las víctimas.
Así las cosas, el fiscal nacional, Ángel Valencia, notificó la apertura de las indagaciones para esclarecer si se han cometido delitos relacionados con la entrega de información confidencial, consignó La Tercera.
Para este fin, determinó que el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, esté a cargo de la investigación y ejerza la acción penal en caso de que corresponda, así como de garantizar la protección de las víctimas y testigos de la causa, que hasta el momento acumula 44 imputados que enfrentarán juicio, 11 de los cuales arriesgan cadena perpetua.
El persecutor reafirmó que su rol será "esclarecer los hechos y circunstancias en virtud de las cuales el Tribunal de Garantía de Arica entregó información reservada, que contiene la identidad de los testigos que actúan en la causa dirigida contra la banda criminal Los Gallegos".
"A partir de este momento, me abocaré a hacer las diligencias que corresponden", remató Arancibia.
