Mineduc realizó auditoría entre el 2 de mayo y el 8 de junio.
Detectó personal sin contrato, desórdenes de rendición de cuentas, inexistencia de catastros en infraestructura y bajo cumplimiento en la gestión del director del SLEP, entre otros.
Al cumplirse 57 días de la paralización de los profesores en la Región de Atacama, el diario El Mercurio reveló este lunes que el Ministerio de Educación conocía ya a mitad de año los graves problemas en establecimientos escolares de la zona, según una auditoría realizada al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) entre el 2 de mayo y el 8 de junio.
En el documento de 155 páginas se detectaron irregularidades en múltiples aspectos, como personal sin contrato, desórdenes de rendición de cuentas, inexistencia de catastros en infraestructura y bajo cumplimiento en la gestión del director del SLEP, entre otros.
De acuerdo con el matutino, la mayoría de los ítems fueron calificados como de "criticidad alta" e incluyen control y supervisión de los inventarios; registro de licencias médicas; contrataciones (21 funcionarios no tienen contrato vigente) y ejecución presupuestaria.
Además, infraestructura (sólo 29 de 79 establecimientos tenían catastro de su infraestructura, y en 13 de ellos el catastro estaba incompleto); asimismo, en inversión y en los indicadores de gestión (hubo un cumplimiento de sólo un 17,7%).
Asimismo, se identificaron debilidades en los procesos de compras, como posibles sobreprecios y millonarias adquisiciones sin respaldo.
"Esa auditoría la pedimos nosotros en el petitorio de marzo, la tuvieron lista el 8 de junio y ellos no hicieron nada", dijo Yariela Ardiles, presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, a Cooperativa.
La dirigenta afirmó que "sólo cuando empezó esta paralización dijeron que iban a notificar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público por malversación de fondos. Tuvieron esta información antes y no habían hecho nada. Entonces han escondido muchas cosas y saben la realidad del Servicio Local Atacama, que la crisis es mucho más profunda de lo que toca la auditoría ministerial".
Hoy, en una rueda de prensa, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la situación educativa en Atacama "era crítica antes del traspaso".
"Hubo una serie de problemas durante el traspaso y, por lo tanto, hay que saber enfrentarlo con seriedad, porque la educación pública hay que poder levantarla", señaló la ministra.
Agregó que "el plan Atacama, que ya está en marcha e implementación, inició las obras en varias escuelas. Estamos hablando de 14 recintos escolares y en los colegios restantes las obras van a partir a más tardar las primeras semanas de noviembre. En estas semanas deberían haber avances".
"Hay temas que tienen que ver con fiscalizaciones, responsabilidades frente a posibles irregularidades, y hay un informe de auditoría que se ha puesto a disposición de los organismos correspondientes -particularmente el Consejo de Defensa del Estado-, porque tenemos que detectar si esas eventuales irregularidades derivan en otro tipo de responsabilidades o sanciones", añadió Vallejo.
Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, sostuvo que "nosotros entregamos el 20 de octubre lo que se llama 'Plan Atacama'. De hecho, lo que se había comprometido, en la medida que un establecimiento tenía las condiciones, se entraba (a clases) en ese establecimiento".
"Siempre cuando uno tiene reformas que son de esta complejidad, es esperable que uno tiene que ir monitoreando las situaciones que ocurren y viendo cómo solucionarlas. En este servicio local nosotros tenemos una configuración bien compleja, que hace que no sea representativa de los 11 que tenemos hasta ahora", añadió.
Sin embargo, Ardiles contradijo lo señalado por la vocera sobre 14 establecimientos con obras vigentes: dijo que son solamente siete y aseveró que la crisis en la región es mayor a lo revelado por la auditoría del Mineduc.
"No están las condiciones para volver a clases el 2 de noviembre. Ellos dicen que hay 14 colegios intervenidos simultáneamente y eso es una mentira. Si volviéramos hoy, como dijo el ministro (de Educación, Nicolás Cataldo) el jueves, no tenemos extintores, que es lo que primero revisa el Servicio de Salud", sostuvo la docente.
En La Moneda, Vallejo anunció que la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, viajó esta mañana a Copiapó "para seguir abordando este tema en terreno desde la región".
Más temprano, Arratia descartó en El Diario de Cooperativa que el proceso de desmunicipalización de establecimientos educacionales se vea interrumpido por la delicada situación en Atacama.
Parte del informe de la mencionada auditoria señala que las principales debilidades de control se constataron en el proceso financiero contable, situación que podría generar una eventual desviación de fondos públicos sin cumplimientos en la normativa vigente.
Ayer por la noche, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que había pocas dudas respecto de que podría existir un eventual desvío de fondos.
Al respecto, el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, informó que "se recepcionó un informe final del Ministerio de Educación, junto con un informe también de la Contraloría General de la República. Con aquellos antecedentes, fundados también con antecedentes anexos, financieros y del Servicio Local de Educación Pública, se efectuó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones".
"Se ha requerido información al Ministerio de Educación, también a la Contraloría, respecto de los cuadernos de trabajo y anexos, a fin de poder determinar la existencia de un delito y la participación de imputados en cuanto al hecho que nos convoca", añadió el persecutor.
"También se ofició al Consejo de Defensa del Estado y, en su calidad de interviniente, determinará o no la posibilidad de presentar una querella en esta causa", cerró.
