La entidad formuló cargos contra la casa de estudios a través de un informe que califica el plan de contingencia propuesto por el nuevo rector como “insuficiente”.
El documento señala que “la crisis de la Universidad de Aysén solo se hará más profunda en el futuro próximo”.
La Universidad de Aysén está enfrentando una crisis financiera y administrativa, que si bien se dio a conocer durante 2023 con la falta de recursos para la cancelación de remuneraciones de sus funcionarios, ya era advertida por la Contraloría interna de la casa de estudios desde 2019.
Esto obligó a que la Superintendencia de Educación Superior iniciara una investigación que culminó el pasado 27 de noviembre con el Informe N°35 (de formulación de cargos), que entrega lapidarios resultados y proyecciones respecto de su situación económica, administrativa y de infraestructura.
Como gran conclusión, la Superintendencia establece que existe un riesgo "real e inminente de no poder garantizar en el corto plazo la prestación del servicio educacional".
Respecto del documento, el rector de la Universidad de Aysén, Enrique Urra, explicó que es analizado y que si bien "es un informe bastante duro", se están haciendo cargo desde septiembre de abordarlo.
Por otra parte, el texto ya es de conocimiento de la Asociación de Funcionarios y Docentes (AFUA), quienes manifestaron su preocupación respecto de las conclusiones emitidas, señalando enfáticamente que la nueva administración "no da garantías de gobernanza" para poder enfrentar la crisis.
Asimismo, los funcionarios, representados por Óscar Silva, hicieron un llamado a la Contraloría para que se pronuncie y también al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para que visite la región "y realice todas las acciones necesarias para asegurar la continuidad de la Universidad de Aysén".
FINANZAS
En materia económica, el informe detalla que la estatal "presenta una situación financiera deteriorada" con pérdidas operacionales en los cuatro últimos años. De hecho, al término de 2022, la universidad cerró el año con un déficit que supera los 1.000 millones de pesos. Si a ello se agregan las deudas por créditos de enlace –recursos que se sacan de programas para financiar el funcionamiento habitual de la universidad- la merma llega a los 2.500 millones.
La Superintendencia constata que la universidad tiene ocho carreras de pregrado con una matrícula de 652 estudiantes, y que para esas características mantiene una "dotación funcionaria sobredimensionada". De hecho, entre 2018 y 2022, durante el periodo de la exrectora Natacha Pino, los docentes aumentan de 40 a 138, a pesar de que la oferta académica no sufrió variaciones.
Esta realidad también se extendió al cuerpo administrativo, que se incrementó en 90% el año 2021, lo que generó un gasto adicional de 373 millones de pesos anuales en la operación de la casa de estudios. En total, la planilla de sueldos de la universidad supera los 7.700 millones de pesos anuales.
Todo lo anterior ha derivado en problemas para cancelar los sueldos de los trabajadores, tanto docentes como administrativos –que se mantienen en paro desde comienzos de noviembre-. En septiembre se cancelaron de manera parcializada las remuneraciones y de acuerdo al informe de la Superintendencia esa es una medida que "modifica y/o altera las condiciones contractuales pactadas" y que incluso podría constituir "eventuales infracciones a la legislación vigente".
De hecho, los docentes y funcionarios presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que si bien fue acogido a tramitación, aún no ha sido resuelto respecto de la legalidad de la medida.
INFRAESTRUCTURA
Los problemas también se extienden a los espacios que la universidad destina para oficinas e impartir clases. Los que hasta mediados de este año sumaban cuatro inmuebles: la Casa Central, una oficina administrativa y dos edificios denominados Campus Lillo I y II, todos arrendados.
La Universidad de Aysén ya no cuenta con Casa Central, pues el recinto fue devuelto a contar de noviembre, sin embargo, de acuerdo a la Superintendencia "la propietaria informó que la universidad le adeuda los pagos correspondientes a las rentas de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023".
Las dependencias administrativas, emplazadas en calle Balmaceda 215 de la ciudad de Coyhaique, tampoco están en poder de la universidad, pues por retrasos en los pagos el propietario solicitó término anticipado del contrato "indicando que el inmueble debe ser restituido el 15 de noviembre de 2023", detalla el documento.
Respecto de los campus Lillo I y II, donde están habilitadas las salas de clases y algunas oficinas administrativas, también se adeudan pagos de arriendo -septiembre y octubre de 2023- lo que representa un incumplimiento del acuerdo de arriendo. A pesar de ello y a la fecha del informe, la Superintendencia "no ha recibido información relativa a un término anticipado del contrato".
Junto a la universidad estatal de O'Higgins, la de Aysén se creó bajo la Ley N°20.842 y en dicho texto se le asignan fondos para la construcción de su infraestructura propia, lo que no se ha concretado hasta la fecha.
De hecho, se constata en el documento que los decretos emanados para ejecutar estas obras ya están vencidos, y que no se solicitó ampliación del plazo para su ejecución, por lo que es posible determinar que parte de esos dineros se han destinado para otros fines, particularmente "a financiar su operación, lo que también ha sido objetado por la Contraloría Universitaria".
PLAN DE CONTINGENCIA
Desde su creación la Universidad de Aysén ha tenido cuatro rectores: Roxana Pey (septiembre 2015-agosto 2016), Teresa Marchall (agosto 2016-septiembre 2019), Natacha Pino (septiembre 2019-septiembre 2023) y Enrique Urra Coloma, quien tras un proceso eleccionario asumió la dirección de la estatal el 1 de septiembre de este año.
Hasta antes de ser rector, Urra ejercía como encargado de la unidad de control y aseguramiento de la calidad de la Educación, además de ser el subrogante de Pino. Una de sus primeras medidas fue elaborar un "Plan de Contingencia", que entre otras cosas propone la desvinculación de funcionarios y docentes a contar de este 30 de noviembre y el pago parcializado de remuneraciones.
Sobre este punto el rector de la estatal es tajante: "No se ha entregado ningún plan de recuperación" a la Superintendencia y se ha trabajado solo un documento para abordar la contingencia, que se expuso ante dicho organismo en septiembre y que ahora solo existe una propuesta que se está revisando por los equipos directivos, de cara a salir de la crisis financiera.
Las conclusiones del informe son tajantes: el déficit financiero es profundo y las pérdidas podrían proyectarse hasta 2027 de no tomar acciones concretas y urgentes.
La gestión se califica de "deficiente" y se añade que el plan contiene medidas "insuficientes y que pueden constituir infracciones a la ley", en referencia a lo que se denomina desde la Subsecretaría como "incumplimientos deliberados en el pago de remuneraciones, honorarios y servicios básicos".
Todo lo anterior complica el funcionamiento de la única universidad regional en Aysén, e incluso pone en riesgo "la prestación del servicio educacional".
Desde su notificación, la Universidad de Aysén cuenta con un plazo de 15 días hábiles para responder este informe de cargos de la Superintendencia de Educación Superior (SES).
Conocida esta respuesta, la SES deberá tomar una determinación sobre el futuro de la estatal, existiendo solo tres alternativas: la creación y aplicación de un plan de recuperación; el nombramiento de un administrador provisional; o bien la designación de un administrador de cierre que ponga término al sueño de una casa de estudios estatal para la Región de Aysén.
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