Temuco vive horas de expectación ante la resolución, a más tardar este viernes, de la Corte de Apelaciones de la ciudad sobre el recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional de La Araucanía en favor de los cinco testigos con identidad reservada en el caso en contra de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).
El Ministerio Público pidió que se deje sin efecto el mandato de la jueza de garantía Viviana García, quien el martes, en la reanudación de la audiencia de preparación de juicio oral, dio 72 horas de plazo para que los nombres sean entregados a la defensa del comunero.
Lo mandatado por la magistrada "pone en riesgo la integridad física y síquica" de las personas señaladas y, "evidentemente, afecta la posibilidad de contar con sus testimonios en el juicio", dijo ayer el fiscal regional, Roberto Garrido.
ORDEN DE NO INNOVAR
Asimismo, Garrido señaló que "hemos solicitado una orden de no innovar a la Corte de Apelaciones de Temuco, que tiene por objeto evitar el cumplimiento de la resolución en la audiencia del viernes, puesto que una vez que estos antecedentes sean entregados en los términos que el tribunal ya resolvió, el daño, el perjuicio para los testigos ya se habría producido, y no tendría ningún efecto seguir conociendo el fondo el recurso que hemos presentado".
En tanto, -el martes- el fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó la decisión de la jueza y afirmó que "estimamos que no se ajusta al derecho ni tampoco a nuestras obligaciones legales ni a las de todas las instituciones del Estado en lo que se refiere a la protección de víctimas".
"NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN"
El delegado presidencial, José Montalva, señaló que "no estamos de acuerdo con esa resolución (de la jueza). Ahora, las herramientas que el derecho nos entrega para impugnarla son las que establece la ley, y los abogados del Ministerio del Interior están trabajando en ver cuál es el mecanismo jurídico para impugnarla, y que no cumpla con los efectos que se pretende, que son que se dé a conocer el nombre e individualizar a las víctimas".
Llaitul está acusado de ser el autor de tres delitos de incitación a la violencia y uso de armas de fuego contemplados en la Ley de Seguridad del Estado (LSE), además de dos delitos de usurpación violenta de terrenos y hurto de madera.
El líder de la CAM permanece en prisión preventiva desde su formalización, realizada el 25 de agosto de 2022.
