El Gobierno está analizando la operatividad del Decreto 265, que autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar con las autoridades civiles y policiales en la lucha contra el narcotráfico y tráfico de personas en las zonas fronterizas del país, para extenderlo a la macrozona sur, donde harían frente a la violencia más allá del estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia.
Si bien el documento vigente desde julio de 2019 entrega facultades a los uniformados, ellos solo pueden ejercerlas de manera acotada con respecto a transporte, logística, información y tecnología.
El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, remarcó que "cosa distinta es el caso de La Araucanía, donde están cumpliendo otro rol", puesto que los efectivos que participan de "patrullajes mixtos solamente contemplan por parte de las Fuerzas Armadas ese apoyo logístico, pero no están cumpliendo los roles que le competen a las fuerzas de orden, como son la PDI y Carabineros de Chile".
De todas maneras, el titular de la Segegob añadió que "ninguna de esas medidas es posible descartar por el momento" en el caso de la macrozona sur.
"CAPACIDADES A DISPOSICIÓN DEL ESTADO"
Ahondó en aquello el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, valorando que, desde el año pasado, las fuerzas policiales han colaborado "con las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas en distintas zonas del territorio" al aunar esfuerzos para fiscalizar a la población que sale de sus casas.
"Por eso mismo se está evaluando cómo esas capacidades pueden quedar a disposición del Estado en aquellos lugares donde se creen o son necesarias, y por lo tanto, podrían ayudar o colaborar en hacer el Estado más efectivo en proveer los bienes públicos que la ciudadanía demanda, y quizás lo principal es proveer seguridad a la ciudadanía en todo el territorio", reflexionó Galli.
De perseverar en esta idea, el decreto regiría una vez que concluya el estado de catástrofe que se mantiene vigente en el país por el coronavirus.
Hace casi dos meses, el Gobierno se desmarcó de su primer delegado presidencial en la zona, Cristián Barra, quien debió abandonar el cargo tras cuestionar a las FFAA por su "falta de voluntad" en cuanto a la capacitación de Carabineros que se desempeñan en el sur.
DIRIGENTES PIDEN MÁS INTELIGENCIA
Más recientemente, la Multigremial Nacional pidió "más contingente policial y militar" en La Araucanía después de que un nuevo ataque incendiario afectara a más de 20 camiones y otros vehículos entre Los Sauces y Lumaco.
"Nos parece absolutamente pertinente la participación de los militares para llevar seguridad en las zonas donde hoy día actúan impunemente violentistas que atacan a trabajadores y empresarios, esto sería en cualquier país desarrollado", dijo Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial.
Ante este anuncio, Ruth Hurtado, vocera de Mujeres por La Araucanía, sostuvo que "hace semanas venimos diciendo que las policías y en especial Carabineros no cuentan con la tecnología ni con los vehículos para hacer frente al crimen organizado ni al narcoterrorismo que están enquistados en la La Araucanía y en el sur de Arauco".
"Espero que al menos mientras Carabineros no tenga los medios, el Gobierno gestione soluciones como el apoyo de transporte por parte de las Fuerzas Armadas a las policías de la macrozona sur", apuntó.
COMUNIDADES FUSTIGAN INTENTO DE "MILITARIZACIÓN"
Por su parte, Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, cuestionó esta nueva propuesta, sosteniendo que "el Gobierno no puede reemplazar su fracaso con la violencia institucional y la militarización del territorio mapuche".
"En ese sentido, esperamos que todos los órganos del Estado de carácter independiente no acepten" esta idea, y a renglón seguido, el candidato a gobernador regional llamó al Ejército a que "cumpla los principios democráticos del respeto a los derechos humanos y no más militarización en La Araucanía".
Por su parte, Rodrigo Curipán, werken del lof Rankilko, indicó que "esta es una situación que venía armando Cristián Barra antes de que fuese expulsado del Gobierno, es evidente de que el Gobierno hoy día ha quedado corto en su política en la que habla de proteger al latifundio, de proteger en este caso a las empresas forestales por la vía armada, y nosotros estamos por la vía de la recuperación territorial".
En paralelo, la diputada del PPD por la zona, Andrea Parra, aseguró que "agotaremos todas las instancias posibles para impedir esta medida", mientras que su par de RD Jorge Brito anunció que incorporará esta materia en la interpelación al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, a realizarse el martes de la próxima semana.
"El Presidente Piñera busca imponer vía decreto la transformación de las Fuerzas Armadas en policías y la militarización de la seguridad pública. Esto ha quedado de manifiesto en el proyecto de infraestructura crítica que el Gobierno no ha logrado aprobar en la Comisión Mixta del Congreso y para evadir los controles democráticos del Congreso el Gobierno está gobernando con decreto, en este caso, el decreto 265, que involucra las Fuerzas Armadas en el combate al narco, cuestión que Contraloría le realizó varios alcances", dijo Brito.
