Nueva expulsión masiva de extranjeros condenados por narcotráfico
Más de 100 reos que cumplían sentencia en distintas cárceles fueron enviados a sus países.
Este viernes se materializó la expulsión de los 113 extranjeros.
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Este viernes se materializó la expulsión judicial de 113 ciudadanos extranjeros (99 bolivianos y 14 peruanos) que se encontraban recluidos -en su mayoría- en las cárceles de la Región de Tarapacá, pero también en Arica, Antofagasta, Calama, La Serena y Santiago.
El procedimiento fue llevado a cabo en coordinación con la Intendencia de Tarapacá, el Ministerio del Interior, el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI de Iquique, quienes recibieron el apoyo de unidades provenientes de Arica y Antofagasta para el traslado de los imputados.
Hoy, el Departamento de Extranjería y Policía Internacional materializó la expulsión de 91 ciudadanos extranjeros, "proceso que, en lo que va del año, es el más grande en esta Región de Tarapacá", destacó el Jefe Regional de la PDI. pic.twitter.com/ue76lmYDmM
— PDI_Tarapacá (@PDI_Tarapaca) 26 de octubre de 2018
El jefe regional de la PDI, prefecto Cristian Muñoz, destacó el aumento de expulsiones, que han superado el número del año pasado a la misma fecha.
"Ha aumentado la cantidad de expulsiones judiciales, hoy se triplicó la cifra respecto a las últimas expulsiones: llegamos a 91 en Tarapacá, todos por infracciones a la ley 20.000", manifestó Muñoz.
Con este nuevo procedimiento, la cifra de expulsiones del 2018 llega a 764, de un total de 1.375 extranjeros que deben ser sacados del país.
#ChileLoCuidamosTodos ✋🏻 | La @PDI_CHILE dio cumplimiento este viernes a la expulsión de 113 ciudadanos extranjeros, 99 bolivianos y 14 peruanos, quienes se encontraban recluidos, en su mayoría, en la Región de #Tarapacá.
— GORE TARAPACÁ (@Gore_Tarapaca) 26 de octubre de 2018
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Los expulsados se acogieron a un beneficio que les otorga el Estado chileno amparado en la ley 20.603, artículo 34: una pena sustitutiva que señala que toda persona extranjera que tenga una condena inferior a cinco años, se puede acoger al beneficio de expulsión del territorio nacional, coordinada por los Tribunales.