Christian Urízar llegó hasta el Tribunal de Garantía de Valparaíso este lunes.
Fue formalizado junto a otras tres personas, él en calidad de autor y los otros en calidad de cómplices.
Urízar no quedó con medidas cautelares por tener fuero.
El diputado socialista Christian Urízar llegó hasta el Tribunal de Garantía de Valparaíso este lunes para ser formalizado en calidad de autor por el delito de fraude al Fisco, por el caso del fraude en Intendencia de Valparaíso.
Se le acusa de defraudar al Estado por un monto que supera los 68 millones de pesos, los que estaban destinados a 10 proyectos que iban a ser ejecutados en comunas como La Calera y Nogales.
Urízar fue formalizado junto a Luis Vásquez Aguillón, militante socialista y ex presidente de la ANEF regional; Carolina Ibaceta Arenas, pareja del anterior y asesora del parlamentario en el Congreso; y Lautaro Correa Castillo, entonces concejal socialista en La Calera.
Estos últimos quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, mientras que Urízar no quedó con ninguna por tener fuero parlamentario.
El fiscal regional Pablo Gómez detalló que "proyectos que están absolutamente sobrevalorados, en donde ha habido recepción de dineros fiscales que tienen un destino social, van a ser destinados a una campaña política de elección de un diputado".
"La forma en la que ellos han consentido en que se defraude al fisco es algo que hemos logrado hoy establecer. Estamos frente a una figura de defraudación fiscal, de fraude al fisco, un hecho que se encuentra consumado porque ha habido participación como autor al señor Urízar", agregó.
"Se ejecutó y se llevó a cabo la actividad en un centro de recreación, pero por un costo menor que aquel que finalmente era aprobado por el Gobierno Regional, de manera tal que había siempre un remanente que tenía como destino la campaña política del señor Urízar", concluyó el fiscal Gómez.
Urízar esperar comprobar "mi absoluta inocencia"
El diputado alegó completa inocencia. No se acogió a su fuero, por lo que participó de la audiencia en calidad de imputado, pero él dice que solo fue invitado.
"Hoy no me he escudado en el fuero parlamentario, absolutamente, vine a la audiencia sin tener la absoluta obligación de venir, en calidad de invitado y quiero que esto termine pronto, que se investiguen los hechos en el plazo que se ha tomado y poder comprobar mi absoluta inocencia", declaró Urízar.
El presidente del PS, Osvaldo Andrade afirmó que "él (Urízar) nos ha señalado que se siente en condiciones de acreditar que no hay ninguna irregularidad de las cosas que ha sido formalizado. Confío que tenga esa capacidad, si lo logra, fantástico, y si no lo logra, tendrá que asumir las consecuencias".
Según la defensa de Urízar, representada por el abogado Andrés Benavides, lo que se está haciendo es judicializar la política, y que las prácticas estarían validadas con boletas y que todo estaría justificado.
"Lo que hay en esta causa es una errónea judicialización de la política. La democracia de los acuerdos funciona de una determinada forma y si no queremos entender eso, entonces vamos a traer a toda la clase política a tribunales y eso es un profundo en el que está hoy el Ministerio Público", sentenció el abogado.
De acuerdo con la investigación que ha desarrollado la Fiscalía, la sobrevaloración de los proyectos acarreó un perjuicio fiscal de 60 millones de pesos, a los que se agregan otros ocho millones de pesos defraudados a través de otro proyecto para el cual Urízar, Vásquez y Correa convencieron a un grupo folclórico para que sus dirigentes firmaran documentos destinados a la postulación de una iniciativa con fines culturales y sociales.
En tanto, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Javier Rojas, explicó los hechos por los que se les acusa a Urízar y los otros tres formalizados: "Estas personas facilitaron el grupo folclórico de buena fe para luego tener noticias de ellas y sorprenderse de que había un depósito por ocho millones de pesos, y a pesar de que habían postulado a un proyecto por 300 mil pesos".
La investigación de Urízar, ex gobernador de la provincia de Petorca, tendrá un plazo de 120 días, según determinó el tribunal.
