El abogado de la familia del empresario Alejandro Correa señaló que "es muy importante que el sistema de justicia nuestro actúe con el máximo rigor".
En este caso hay imputados: el presunto sicario, quien le pagó, además de su pareja y un colectivero.
Este lunes comienza el juicio oral contra las cuatro personas imputadas en el caso denominado "Sicario de Concón", en el que fue asesinado el empresario Alejandro Correa en las afueras de su casa en mayo del 2020.
Los imputados son Víctor Gutiérrez Londoño, de nacionalidad colombiana, imputado por el asesinato de Correa, y quien presuntamente recibió un pago de 5 millones para cometer el crimen; Renato López Fuentes, señalado por supuestamente haber pagado al sicario, y otras dos personas están encausadas en calidad de cómplices: en primer lugar, Melissa Palma, pareja de Gutiérrez, y el colectivero Claudio Riveros, quien trasladó al atacante.
El abogado querellante Juan Pablo Hermosilla, representante de la familia Correa, expuso que "hay antecedentes suficientes para acreditar que el motivo por el cual se origina este homicidio por encargo está dado por los conflictos que hay en el entorno del terreno en Quilpué".
Esto ya que días antes de que ocurriera el asesinato, Correa había interpuesto una demanda civil por la ocupación ilegal de unos terrenos de su propiedad en Quilpué.
"Creo que es muy importante que el sistema de justicia nuestro actúe con el máximo rigor, respetando la garantía de todo el mundo: de los imputados, de todas las personas involucradas, pero que actúe con la máxima celeridad y el máximo rigor", agregó el abogado.
En esta misma línea, Valentina Correa, hija de la víctima, dijo "lo que esperamos es un juicio transparente, limpio, que se cumpla en tiempo y forma, y que dé una señal al país que aquí no hay lugar para el crimen organizado".
"Y también espero que el foco de los medios de comunicación y la ciudadanía estén mirando este caso, porque eso nos hace prender una luz y que es muy necesario", instó.
Los acusados arriesgan penas que van desde 15 años hasta 38 años de cárcel.
