El violento incendio en el campamento Los Pirquenes, en Coronel (Región del Biobío), donde murieron 14 personas –entre ellos, ocho menores de edad-, sacó a la palestra dos querellas presentadas por la empresa dueña del terreno, Enel, contra el alcalde Boris Chamorro (PS), al que acusó de facilitar la usurpación del lugar.
Este lunes se registró un incendio en el Cerro Obligado, en el sector de Vista Hermosa,, donde personal de Labocar de Carabineros terminó este martes las diligencias para establecer el inicio del fuego, sosteniendo la hipótesis del recalentamiento de una estufa artesanal ubicada en la única entrada y salida de la vivienda hecha de madera, en la que residían hacinados tres grupos familiares.
El hecho reflotó que en 2021, la empresa Enel, dueña del terreno donde funciona la termoeléctrica central Bocamina y se ubica el campamento, presentó dos querellas contra el acalde Boris Chamorro y una funcionaria de salud, a quienes se les acusa de facilitar la usurpación de estos terrenos con maquinarias y comida.
"Nosotros hemos tenido un trabajo constante, como alcalde nunca he propiciado una toma irregular de terreno, no está dentro de nuestras facultades. Como usted puede corroborar, esa demanda fue desistida por parte de la empresa", afirmó el jefe comunal al respecto.
No obstante, el Ministerio Público confirmó a Cooperativa que tal desestimación no existe y la investigación está agrupada y vigente. Además, cuenta con diversas diligencias y requerimiento de información, y se han realizado pesquisas por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y la de Investigación Criminal de la Policía de Investigación, junto a la Sección de Investigación Policial de Carabineros.
Por otro lado, el alcalde Chamorro señaló sobre el terreno y sus habitantes que espera "poder cerrar el catastro respecto a las personas inmigrantes que tenemos en este campamento y en los otros 12 campamentos que tenemos en la ciudad de Coronel".
En esa misma línea, apuntó que "la delegada presidencial (Daniela Dresdner) va hacer las gestiones para desarrollar una intervención de parte del Estado en este espacio".
Sin embargo, desde la empresa eléctrica señalaron que tienen información de que los dirigentes siguen recibiendo personas en el lugar, pese que ya se ha implementado un catastro oficial de 286 familias.
